Por: Rodrigo Lara

¿De qué ley internacional hablan?

Perder mar o territorio patrio es un problema más importante que las razones específicas que lo determinan: es más importante que preguntarse si se ha tratado o no de un fallo obligatorio para el país.

 Esta cuestión, que atormenta a algunos que defienden esa manoseada idea llamada legalidad internacional, se nos plantea hoy como un problema enorme. Mañana, las nuevas generaciones, cuando estudien nuestra historia, lo verán como el pretexto de una dirigencia cómoda que no fue capaz de defender la integridad territorial.

No deja de sorprenderme la visión angosta de los intereses nacionales y la fácil resignación de algunos; un medio de comunicación advierte en sus páginas que si no acatamos el fallo “quedamos muy mal parados y perdemos credibilidad ante la comunidad internacional” (sic). Para algunos, por encima de nuestro mar estaría nuestra acomplejada y frívola obsesión de quedar bien, de ser respetados y tenidos en cuenta por la comunidad internacional. Las buenas maneras...

Algunos columnistas alegan que no acatar “la ley” es propio de países matones, condenables por la civilizada comunidad internacional. ¿A qué ley y comunidad internacional se refieren? ¿A la que acude Francia para armar a la oposición siria a fin de derrocar a un régimen incómodo, o a la que desconoció para probar sus bombas nucleares en sus atolones? ¿A la legalidad internacional que burló Estados Unidos con mentiras para invadir a Irak? ¿A la que ignora Israel con el apoyo de Estados Unidos para mantener la ocupación de una parte de los territorios palestinos? ¿O a la ocupación de Gibraltar por el Reino Unido, o del Sahara Occidental por Marruecos, y Ceuta y Melilla por España?

Es cierto que el sistema de Naciones Unidas logró consolidar una justicia penal internacional eficaz para castigar a criminales de lesa humanidad. Pero se trata de una justicia cuyo alcance son las personas naturales. En cuanto a asuntos de soberanía, de disputas territoriales, los sistemas multilaterales no han pasado de ser un best effort para mediar este tipo de controversias; en el mundo, el Estado es y seguirá siendo la unidad de base, el elemento constitutivo de las relaciones internacionales y su poder es el factor real para preservar su integridad e influir en el concierto de naciones.

No se puede equiparar la política internacional con el funcionamiento interno de los estados, y, por ende, asimilar el respeto democrático por el ordenamiento jurídico interno con el del orden jurídico internacional; es comparar lo que no es comparable. En un escenario regional de actores que asilan frentes guerrilleros, con una nación como Nicaragua, gobernada por un régimen tolerante con el narcotráfico y que matonea a la pacífica Costa Rica por asuntos limítrofes, es contradictorio defender nuestra soberanía con un estricto discurso de legalidad internacional que Managua sólo aplica cuando le conviene.

No podemos renunciar a nuestro mar. Hacerlo con un parapeto de cobardía disfrazada de decencia y respeto por la legalidad internacional no es más que un acto de debilidad y traición a la patria.

 

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