Por: Gustavo Gallón

Cinco advertencias de la Corte Penal Internacional

“Hay base razonable para creer que los (‘falsos positivos’) fueron cometidos de conformidad con una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas dentro de las Fuerzas Armadas, dando existencia a una política estatal u organizacional para cometer tales crímenes”, ha dicho la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Hace dos semanas dio a conocer su informe provisional sobre el examen preliminar que realiza sobre Colombia desde 2004.

Para la Fiscalía hay evidencias de la responsabilidad de altos mandos, no obstante lo cual apenas unos pocos militares de bajo o medio rango han sido procesados por estos crímenes, que para ella son de lesa humanidad (por constituir ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil), y también crímenes de guerra. Esa es una de las cinco razones por las cuales la Fiscalía de la Corte decidió mantener abierto este examen y advirtió que estará pendiente del efecto que sobre el juzgamiento de estos delitos tenga la reforma constitucional al fuero militar en curso.

También estará pendiente del efecto que pueda tener el llamado “marco jurídico para la paz” sobre los crímenes cometidos por guerrilleros, paramilitares y agentes estatales. Mientras que dicho marco permite renunciar a su persecución judicial penal o suspender la ejecución de penas, la Fiscalía insistió en la necesidad de una “adecuada ejecución de las sentencias” dictadas en estos casos, y advirtió que “vería con mucha preocupación cualquier medida que parezca diseñada para tapar u obstruir el establecimiento de responsabilidad penal de individuos por crímenes” de competencia de la Corte. Es una segunda razón para mantener abierto el examen preliminar.

Un tercer motivo, y no menos grave, lo constituye el seguimiento al tema del paramilitarismo. De una parte, porque la Fiscalía no está convencida de que se haya procesado aún a los principales responsables de su aparición y expansión. De otra parte, porque tampoco le convence que pueda banalizarse la gravedad de los grupos sucesores de los paramilitares llamándolos bacrim, como lo hace el Gobierno, cuando están dirigidos por antiguos mandos medios paramilitares y operan en las mismas zonas en que lo hacían aquéllos.

Le preocupan también a la Fiscalía, en cuarto lugar, los delitos sexuales y la escasa actividad judicial sobre ellos, que es desproporcionada en relación con la violenta magnitud del fenómeno y del número de víctimas y sus devastadoras consecuencias. Similar preocupación expresó, como quinto gran tema, en relación con el delito de desplazamiento forzado.

Poca atención se ha prestado a este informe, eclipsado por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés. Los senadores de la bancada presidencial votaron antier alegremente el proyecto de ampliación del fuero militar en su séptimo y penúltimo debate, ignorando estas advertencias de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Hace cinco años las autoridades ignoraron también que la Corte Internacional de Justicia había advertido que revisaría el meridiano 82, y ahora se declaran sorprendidas porque lo hizo. ¿Será que están pensando también en retirarse de la competencia de la Corte Penal Internacional? Qué irresponsabilidad.

 

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