¿Hacia dónde vamos?

Los lentos avances en el proceso de democratización de la sociedad y en la consolidación de un Estado de derecho respetuoso de los derechos humanos revelan su fragilidad en épocas de negros nubarrones. A los mandatarios y dirigentes habría que recordarles que el prestigio de una nación depende del grado de humanidad y civilización que pueda llegar a alcanzar una población, no de la demagogia, la manipulación y las demostraciones de fuerza para atraer a las caudas electorales.

Santos y Uribe se equivocan al desafiar el derecho internacional y al buscar cómo incumplir la decisión de La Haya. La “norteamericanización” de la cultura política del país no es una salida aceptable. El Tío Sam nunca ha creído en el derecho internacional y de continuo lo ha desafiado. Para el Gran Hermano los intereses nacionales priman sobre los derechos humanos. La fuerza de las armas vence, en su pragmática y utilitaria mentalidad, a la fuerza de la razón. Colombia, por el contrario, había defendido por siglos una diferente tradición jurídica, para la cual el derecho es una alternativa diferente a la fuerza para asegurar la paz. El santismo-uribismo, gemelo del chavismo en este punto, duda de esta última opción. Los extremos se tocan. Por eso la propensión a las armas, al nacionalismo trasnochado y al escepticismo de cara a la justicia. La población en general, entre pesimista y aturdida por los efectos de una errática política internacional, es ajena a las dimensiones e implicaciones del cambio cultural propuesto por nuestros gobernantes.

Tampoco es una opción para el país jugar del lado de Correa y Chávez para debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, sólo por el hecho de que les resulta molesto el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Triste espectáculo el del Gobierno cerrando filas con sus vecinos para reformar las instituciones internacionales cuando ponen en evidencia la violación de los derechos humanos en nuestros territorios. A las ideologías fascistas y leninistas siempre les ha resultado molesto el derecho, instrumento de poder que cuando es democrático no deja tranquilas a las mentes mesiánicas y autoritarias. En este punto la sociedad civil debería cerrar filas en defensa de las relatorías de la OEA, de la ampliación de las medidas provisionales, del fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Corte de Justicia.

Pese a los vientos amenazantes de reforma, los protectores de los derechos humanos en Latinoamérica han advertido que la modificación constitucional al fuero militar tramitada por el Legislativo colombiano es contraria a la Convención Americana y sería anulada por la Corte en caso de ser aprobada tal y como está. La Convención prima sobre la Constitución en un mundo donde los derechos humanos también se han globalizado. La Corte Constitucional ha advertido ya sobre la existencia del control de convencionalidad y la importancia del mismo para la defensa regional de los derechos humanos, uno de cuyos principios básicos es la independencia e imparcialidad judicial.