¿Cuándo mediremos el Índice de Productividad Política?

Si se aumenta a 583.368 pesos, como lo propone el Consejo Privado de Competitividad, o si se sube a 595.035, como lo pide la CGT, depende de varios factores: qué tanto haya crecido la economía, cuánto se haya encarecido la vida este año y cuánto podrían subir los precios al consumidor el año entrante.

Otro elemento clave del análisis es el Índice de Productividad Laboral, que calcula cuánto produjo en promedio cada trabajador en el año. Estas estadísticas se tamizan en un pulso de poderes que, si es duro, puede llevar hasta una huelga general, pero al final se fijará un monto. Unos quedarán satisfechos y otros no, pero no se puede decir que el país se toma la decisión a la ligera; la estudia, la discute y somete los diversos intereses al juego democrático.

Quizás si aplicáramos estos mismos criterios cuando se decide sobre los salarios de los altos mandos del Estado, podríamos obtener mejores resultados en el manejo de lo público donde, al contrario de la economía, Colombia no mejora. El Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (TI) de 2012, anunciado esta semana, muestra que nuestro país bajó del puesto 80 en 2011 al puesto 94 en 2012, y en la región está peor que Chile, Uruguay, El Salvador, Costa Rica y Perú. Aquí, la mordida casi que se llena en formulario para contratar con el Estado, como lo demostró la encuesta a empresarios que hizo el año pasado Transparencia por Colombia, en la que el 93% dijo que sabían que sus pares sobornaban.

¿No deberían estos resultados afectarles el sueldo a los que dirigen este país? Hoy los congresistas ganan 22 millones de pesos mensuales, los magistrados y los jefes de los órganos de control ganan más o menos lo mismo y los gobernadores y los alcaldes de los más grandes departamentos y ciudades tienen un salario de once millones mensuales, y los ministros están por el mismo rango. Está bien que ganen bastante. Servir al país desde la función pública es un trabajo arduo, de enorme responsabilidad y, si se hace bien, cualquier remuneración que se pague será compensada con creces por el bienestar que produzca.

Pero nadie evalúa cómo se hizo el trabajo para fijar los salarios de acuerdo con la calidad. Estos sueldos altos que pagamos entre todos los colombianos se dictan por decreto unos, y otros por autodeterminación. Debería haber, como sucede con el salario mínimo, un consejo de 14 entidades públicas y privadas con información de alto nivel sobre si el desempeño político del país va mejorando; cuánto se calcula que nos cuesta hoy la corrupción, y cuánto nos va a costar el año entrante; y en lugar del Índice de Productividad Laboral, se calcule un Índice de Productividad Política (IPP). Y después de un debate público, con los involucrados en la mesa, se decida qué salario merecen el año entrante.

Sería un mecanismo más justo y más democrático que el actual para fijar esos salarios gordos. El problema sería que en algunos años como éste, con alza en la politiquería, subida en la percepción de corrupción, y bajada en el Índice de Productividad Política para solucionar en la práctica y más allá del discurso los problemas de la gente, los altos dignatarios del Estado no sólo no merecerían aumento de sueldo, si no que nos quedarían debiendo plata.