Las mentiras oficiales

En efecto, la reforma que está a punto de aprobarse en el Congreso, podría premiar con la impunidad los execrables “falsos positivos”. Las explicaciones que trajo Vivanco se ofrecen convincentes, tanto que el mismo Gobierno tuvo que salir a reconocer que era necesario incluir como delitos que deben ser investigados por la justicia ordinaria el homicidio en persona protegida y el homicidio agravado, para evitar que los “falsos positivos” sean investigados y conocidos por la complaciente e ineficiente justicia penal militar.

El ministro Pinzón y Cepeda, el superasesor para todo, que venían asegurando que el proyecto de reforma al fuero militar jamás generaría impunidad, van a tener que tragarse sus palabras. Pero aun asumiendo que se introduzcan los correctivos para que los “falsos positivos” no sean juzgados por militares, todavía el proyecto de reforma al fuero militar sigue siendo una amenaza.

Al día siguiente de aprobarse esta reforma, lo más seguro es que los abogados de quienes están investigados como presuntos responsables de los “falsos positivos”, a través de un artificio jurídico, reclamen la aplicación del principio de favorabilidad, fundado en que como sólo hasta ahora se ha venido a tipificar como delito la conducta de ejecución extrajudicial, ella no puede ser aplicada a situaciones pasadas. Si ello ocurre, para vergüenza internacional se abrirán las puertas de las cárceles a muchos criminales que delinquieron en nombre de la patria.

No en vano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el presidente del Consejo de Estado se sumaron a las voces que reclaman el hundimiento de un proyecto de enmienda constitucional que se tejió sobre muchas mentiras, algunas de las cuales ha repetido como un lorito el ministro de Defensa. Los defensores del esperpento del fuero militar han repetido que es necesario proporcionarles seguridad jurídica a los militares, para que no sean investigados cada vez que tienen un enfrentamiento con la insurgencia, porque según ellos, eso es lo que les ocurre a los soldados. Tal afirmación es falsa.

En una extensa carta a Vivanco que el Gobierno hizo pública esta semana, el ministro de Defensa citó varios precedentes judiciales, que según él, demuestran que los militares son investigados y condenados injustamente, entre otros, la condena del tribunal de Antioquia a Carlos Adrián Mazo, por unas muertes ocurridas supuestamente en combate. La realidad es bien diferente. Se trató de una condena que impuso la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no por muertes en combate, sino porque el Ejército sacó de su casa a una pareja de campesinos que al parecer eran milicianos del Eln, los asesinó, luego simuló un enfrentamiento armado y más tarde los presentó como guerrilleros caídos en un choque que jamás tuvo lugar. Es decir, lo que el ministro invocó como prueba de un fallo injusto contra militares por actos de guerra, fue una merecida sanción por otro “falso positivo”, de los que con razón la Corte Penal Internacional ya dijo que sí han sido una política de Estado.

Que los militares tienen derechos, eso no está en duda, pero de ahí a reformar la Constitución para convertirlos en intocables, eso sí no puede ser en un Estado de derecho. Es una lástima que eso no lo tenga claro el ministro Juan Carlos Pinzón, quizá por su errada apreciación de creer que su papel es el de estafeta y no el de quien, junto con el presidente, tiene la función de gobernar en materias militares.

Adenda. Roy Barreras no detuvo la elección tramposa del procurador al que tanto le debe, tampoco detendrá la aprobación de la reforma al fuero militar, pero, eso sí, muy sumiso salió a cumplirle la orden a la Iglesia católica de postergar el trámite del proyecto de la eutanasia. ¡Qué vergüenza el presidente del Congreso arrodillado a un culto religioso!