Por: Hernando Roa Suárez

Nuestra Constitución y la construcción de paz (I)

El problema de la paz es un problema de fondo: la paz es el bien absoluto, condición necesaria para la realización de todos los demás valores. Norberto Bobbio.

La revisión contextual de la situación colombiana contemporánea, nos indica indubitablemente que el problema más significativo que tenemos que resolver los colombianos de nuestros días, y por lo menos de los cuatro futuros decenios, es el de construir la paz. Tomando los indicadores más relevantes sobre los impactos de las violencias que hemos tenido que enfrentar los colombianos a partir de 1948, encontramos que no hemos desarrollado un modelo de desarrollo que nos permita enfrentar las modalidades de las violencias abiertas y estructurales. Más aún, los ingredientes contemporáneos de la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, las bacrim, la explotación minera ilegal y sus variantes y combinaciones, ponen en serio peligro el desarrollo futuro de la democracia participativa en nuestro país. Por ello se me presenta indispensable crear espacios de reflexión que faciliten la construcción de una nueva cultura de paz fundada en la justicia social, dentro de los preceptos fundamentales de nuestra Constitución. Precisemos las conceptualizaciones de constitución y de paz.

Constitución. Un camino para conceptualizar la Constitución es sostener que ella es la Ley de leyes; la Norma de las normas, a la cual está sometido el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico. También, es la Ley escrita fundamental de la organización de nuestro Estado, que ha sido ordenada sistemáticamente en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Es un documento jurídico-político fundamental para el cumplimiento y desarrollo del Estado de derecho; es en él, donde se “organizan las instituciones del Estado y se fijan sus reglas de funcionamiento”.(i)

Notemos que las primeras constituciones del modelo liberal fueron la estadounidense de 1787 y la francesa de 1791. Ellas fueron muy importantes para el desarrollo del derecho constitucional latinoamericano y para la cristalización de la Constitución signada en 1821, en la Villa del Rosario de Cúcuta. Como puede observarse en los textos de las Constituciones de 1821, 1842, 1848, 1850, 1852, 1860, 1863, 1886, 1910, 1936, 1945, 1968 y 1991, se han plasmado los puntos más significativos de las ideologías políticas occidentales, que han orientado a los líderes políticos de la Nación, durante los siglos XIX, XX y XXI.

Las grandes controversias en torno a centralismo y federalismo, el papel del Estado en la economía, las relaciones entre el Estado y la iglesia, el énfasis en el presidencialismo, las relaciones entre los poderes, la importancia de las libertades, el papel de la integración latinoamericana…han quedado definidas en nuestros textos constitucionales.

Características de la Constitución de 1991. Si revisamos la Constitución vigente(ii), encontramos en ella un conjunto de características que podríamos destacar al compararla con la estructura sustantiva de la de 1886 y sus reformas. Ellas son: 1.- La incorporación del Estado Social de Derecho, en cuya virtud las instituciones públicas son instrumento al servicio de la sociedad y especialmente de los sectores más débiles de la misma. La carta de derechos y las garantías para su aplicación, son las herramientas que garantizan el desarrollo del Estado Social de Derecho. 2.- La consagración de la Tutela ha permitido acercar el texto constitucional a amplios sectores de la población y agilizar el cumplimiento de derechos. 3.- La organización de la Corte Constitucional con poderes definidos para la guarda de los preceptos e instituciones de la Carta. 4.- La creación de la Fiscalía y la apertura hacia la institucionalización del sistema acusatorio. 5.- La apertura política que abrió la posibilidad de institucionalizar un régimen político pluripartidista que modificó el tradicional bipartidismo que, en distintos períodos, actuó en forma excluyente frente a otros movimientos ideológicos. 6.- El conjunto del articulado que plasma orientaciones definidas para la protección del medio ambiente. 7.- El grupo de disposiciones dirigidas al desarrollo de las minorías étnicas. 8.- La definición de la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República. 9.- La conveniencia de buscar un nuevo orden político, económico, social, cultural y ambiental comprometido con el impulso de la unidad latinoamericana. 10.- La creación de instrumentos tales como el referendo, el plebiscito y la revocatoria del mandato que permiten transitar hacia la configuración de la democracia participativa como una construcción superada de la democracia representativa. Acerquémonos a conceptualizar la paz.

Paz. ¿Existirá una sola perspectiva que se presente con pretensiones de validez universal sobre la paz? La realidad nos indica que este concepto ha evolucionado con el paso del tiempo y los procesos de cambio. Gracias a la interdisciplinariedad en ciencias sociales –y la paz a la que nos referimos es, por supuesto, una noción esencialmente política- hoy tenemos que su construcción tiene implicaciones históricas, políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales e internacionales. ¿Cómo podríamos conceptualizarla? Desde el decenio de los 70 cientistas sociales reconocidos, asesores gubernamentales rigurosos e importantes autoridades de Naciones Unidas, la conciben como la ausencia de violencia abierta y estructural.

Pensando en los últimos seis decenios de nuestra lucha política, conocemos que lamentablemente los colombianos no hemos tomado las decisiones de autoridad precisas, ni formulado, implementado y evaluado políticas públicas adecuadas, para solucionar el problema más importante de nuestra sociedad y que en nuestros días pone en peligro la gobernabilidad democrática, la estabilidad de las instituciones y el imperio del Estado social de derecho(iii). En este tiempo, no debemos olvidar que hemos tenido distintos tipos de violencia.

La paz y la Constitución del 91. La revisión global de los postulados constitucionales, nos permite encontrar que – nunca como antes – hubo tanta preocupación en el legislador por el tema de la paz. Este es trabajado explícitamente desde el Preámbulo, pasando por los principios fundamentales; los derechos, las garantías y los deberes; los derechos sociales, económicos y culturales; los deberes y las obligaciones. Así mismo, consagra el deber del Presidente de “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”, para avanzar hasta el artículo 218, donde se consagra que “la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Me inclino a pensar que resulta muy útil para los colombianos el correlacionar, por ejemplo, el Preámbulo y los artículos 2, 22, 67, 95, 189 y 218. Leámoslos cuidadosamente y observemos las concordancias; así podemos desentrañar la gran importancia que el legislador le otorgó a la problemática de la paz. De allí puede inferirse que es uno de los temas vertebrales de los que se ocuparon los constituyentes del 91. Es claro que según la Constitución colombiana, existe una urdimbre entre el proceso de construcción de la paz, los derechos ciudadanos, la educación, el deber de todo ciudadano de participar para construir y mantener la paz y el deber de los colombianos de engrandecer la comunidad nacional, dentro de un marco jurídico democrático y participativo.

Complementariamente, observemos que si tenemos en cuenta la información empírica existente en torno a los indicadores sociales en 2012 (distribución del ingreso; calorías diarias consumidas por la mayoría de la población; índices de pobreza y miseria; déficit de vivienda; niveles de recreación y cultura; índices de inseguridad…) existe en nuestro país una gran distancia entre el deber ser planteado en nuestros preceptos constitucionales y la realidad. Para los futuros estadistas y demócratas colombianos, aquí tenemos un reto inmenso que debe concretarse en políticas públicas eficaces y eficientes. Si esta tarea no se asume con responsabilidad histórica, me inclino a pensar que el proyecto de democracia participativa, seguirá siendo aplazado, con todas las consecuencias que de allí se derivan.

(i) Arbós Xavier (2001). La cultura de la democracia: el futuro. Ariel-Planeta. Bogotá p. 47.
(ii) Al comparar los procesos que dieron origen a nuestros ordenamientos constitucionales y sus respectivas reformas, es posible sostener que la Constitución de 1991 fue el resultado de una amplia participación de diversos sectores sociales y políticos. Vale la pena anotar que varios analistas la reconocen como una Constitución incluyente.
(iii) Véase el artículo del autor: El proceso de paz y el arte de la guerra. El Espectador, Bogotá. Diciembre 5.

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