Investigadores e investigados, uno solo

La Corte Suprema —órgano que no dejaremos de vigilar por las sospechas que se ciernen sobre la mayoría de sus miembros— abrió investigación preliminar a los 12 parlamentarios conciliadores de la reforma constitucional a la Justicia, la misma que se cayó ante la indignación ciudadana por el extremo cínico al que llegaron las prebendas que aprobó el Congreso para sí y para los magistrados de los altos tribunales. Entre los beneficiarios de aquel nefasto proyecto estaba, por supuesto, la Sala Penal que ahora pretende estar compuesta por arcángeles impolutos que apenas empiezan a averiguar qué pasó en el trámite de ese capítulo oscuro de la historia legislativa.

Los hechos más notorios sucedieron durante el primer semestre de este año, pero venían preparándose desde antes. Sobre todo, desde noviembre de 2011 cuando, en un movimiento maquiavélico que pasó desapercibido, los congresistas convirtieron en ley un acto que les permitiría a todos y cada uno de ellos votar, siete meses después, el famoso proyecto: eliminaron las causales de impedimento que los obligaban a abstenerse de votar reformas a la Constitución en las que ellos o sus familiares resultaran beneficiados. Por eso, nunca estuvo en duda la aprobación del esperpento, según el cual, los parlamentarios modificaban el sistema judicial por el que se regían, por otro más laxo y lento; hacían imposible, en la práctica, que perdieran su investidura y les otorgaban fuero protector a los secretarios de ambas corporaciones, entre otras gabelas. Para ello, contaban con el apoyo activo, primero, y pasivo, posteriormente, de la Casa de Nariño mediante los ministros del Interior y de Justicia. Hacía falta el acuerdo con las cortes, desde donde se oía una que otra voz de inconformidad.

Muy pronto encontraron la fórmula, como se recuerda: incluyeron en la reforma ampliaciones del período de la magistratura, de 8 a 12 años, y de la edad de jubilación, de 65 a 70 años. Pero, para lograr una y otra cosa, tuvieron que hacerse lobby mutuamente. Así, empezó la francachela. De manera subrepticia y dos meses después de ese noviembre negro, la Sala Penal modificó su jurisprudencia en una sentencia, cuyo ponente fue el antiguo abogado del esmeraldero y presunto patrón de paramilitares Víctor Carranza, magistrado actual Fernando Castro. Éste, en el escrito en que condenaba a dos parapolíticos, decidió en par líneas que las penas por los delitos que se cometan son favorables para los congresistas más que para el resto de los colombianos. ¡Así como lo leen! “Si una persona es condenada por coautoría de homicidio a la pena mínima de 17 años, cuatro meses, al ‘padre de la patria’ se le condenará a 13”, dijo Semana en un artículo que tituló La ley del embudo. De ahí hacia acá, ese semestre transcurrió entre ferias y fiestas de parlamentarios y togados. Cocteles iban y comidas venían. Unas veces los anfitriones eran políticos. Otras, los magistrados. Figuraron en el registro mediático de los ágapes como partícipes entusiastas el presidente de la Corte, Javier Zapata, y el presidente de la Sala Penal, la juzgadora de los 12 conciliadores, Leonidas Bustos. ¿Estaremos asistiendo a otra farsa, como la de la postulación de Alejandro Ordóñez por esta Corte cuestionada, y como la de la reelección del procurador en el Senado con el liderazgo de los jefes de la conciliación de la reforma a la justicia? Mi respuesta de ciudadana es que sí, que lo más probable es que esta sea una parodia más que registrará, para sus sumas y restas, Fatou Bensouda, la nueva fiscal de la Corte Penal Internacional.