Por: Elisabeth Ungar Bleier

Luchar contra la corrupción es avanzar hacia la paz

El índice de percepción de corrupción 2012 de Transparencia Internacional llama la atención sobre el que sin duda es uno de los problemas más graves de Colombia. Las fuentes a partir de las cuales se construye el Índice se focalizan en la percepción de empresarios y expertos sobre la corrupción en el sector público, pero confirman que ésta permea todos los estamentos estatales, políticos, sociales y económicos del país. Por supuesto, incluyendo al sector privado, que con frecuencia se declara víctima de los corruptos, como si “para bailar no se necesitaran dos”. A menos que se aplique la misma doctrina que condenó a Yidis Medina por cohecho y que absolvió a quienes ofrecieron prebendas a cambio de un votico.

Al detallar los resultados, sobresalen varios hechos que pueden considerarse detonantes de la corrupción. Entre ellos, el papel preponderante de la impunidad, la lentitud de las investigaciones, la inoperancia de las normas, la parálisis y descoordinación institucional, la inseguridad jurídica y el abuso de autoridad para obtener beneficios personales. Con relación a este último aspecto, si bien el legislativo es la rama del poder público que obtiene el puntaje más bajo, tanto el Ejecutivo, como la Rama Judicial, la Policía y el Ejército, tampoco reciben buenas calificaciones. De otra parte, la persistencia del soborno y la entrega por privados de pagos adicionales no documentados para agilizar trámites, para asuntos tributarios, para la adjudicación de contratos e incluso para asegurar sentencias judiciales.

Cuando la corrupción alcanza niveles alarmantes, como lo perciben los colombianos, sus efectos pueden ser devastadores. Algunos son económicos, por su impacto en el ritmo y niveles de crecimiento. Pero las consecuencias sobre la gobernabilidad, el estado de derecho, la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana en sus gobernantes son aun peores y mucho más difíciles de erradicar. Esto es particularmente grave cuando la corrupción afecta derechos fundamentales de los ciudadanos y profundiza la inequidad.

Si Colombia quiere mejorar su ránking en el concierto internacional sobre la percepción de corrupción, el próximo año va a ser decisivo. Fortalecer la institucionalidad y la presencia del Estado en el territorio; cerrar las compuertas a la captura estatal por actores legales e ilegales; poner en marcha los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y denuncia que han sido anunciados; mostrar resultados eficaces y contundentes en las acciones contra los corruptos son algunas de las medidas para enfrentar la corrupción y para contribuir a la paz. La lucha contra la corrupción es un requisito para asegurar la sostenibilidad de los avances positivos del país en algunos de los indicadores sociales y económicos y para honrar los compromisos internacionales, por ejemplo frente a la OCDE. Es una condición para que las llamadas locomotoras, en especial la minera y la de la infraestructura, no se descarrilen y tengan efectos perversos. Pero sobre todo, comenzar a vencer la corrupción en todas sus manifestaciones y en todos los sectores del Estado y la sociedad es una condición ineludible para la construcción de una paz duradera.

 

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