Se hace camino al andar

Sólo en los últimos días el gobierno británico, presidido por el conservador David Cameron, presentó un proyecto para legalizar el matrimonio igualitario; en Uruguay, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el casamiento entre personas del mismo sexo, y en Colombia pasó su primer debate el proyecto que lo legaliza. Y en noviembre, en Francia, el gobierno del presidente Hollande presentó un proyecto de ley en igual sentido, como lo había prometido durante la campaña electoral.

En la actualidad 12 países y nueve estados de los Estados Unidos permiten la unión de parejas del mismo sexo. No es una moda banal, como sugieren algunos, sino un avance de sociedades que se consideran igualitarias, pero que en el fondo no lo son, pues en ellas la discriminación y el rechazo a los homosexuales son realidades cotidianas que contradicen el ideal de igualdad. En Colombia esta situación es pan de cada día, aunque justo es reconocer que se han dado pasos importantes en materia legal, gracias sobre todo al movimiento pro-derechos de las minorías sexuales que viene dando la batalla desde hace más de 30 años. El primer paso importante fue en 1980 cuando se despenalizó la homosexualidad masculina, y varios avances más se han dado a partir de la Constitución del 91 —de espíritu laico, liberal y garantista—, que estableció un conjunto de derechos y garantías fundamentales para todos los colombianos sin excepción alguna, y creó la tutela como mecanismo de protección inmediata de los mismos.

Los cambios, lentos pero fundamentales, se han producido en el horizonte más amplio de los derechos humanos, que incorpora los derechos sexuales, y en ellos ha desempeñado un papel determinante la Corte Constitucional. En cerca de 60 o más fallos, el alto tribunal les ha reconocido derechos a los homosexuales: derechos individuales en primer lugar, y a partir de 1993 derechos a las parejas del mismo sexo con respecto a la herencia y la propiedad, y en materia de pensiones y de seguridad social. También reconoció esas uniones como “uniones de facto”, con los mismos derechos de las parejas heterosexuales que viven en unión libre, y aceptó que constituyen familia. Sin embargo, al fallar una demanda se declaró inhibida para pronunciarse de fondo y por eso ordenó al Congreso que legislara, antes de junio del año entrante, sobre los derechos de esas parejas, para “eliminar el déficit de protección” que las afecta.

En este punto estamos, y aunque el matrimonio igualitario fue aprobado en primer debate, sólo es la primera estación de un viacrucis en el que se oyen y seguirán oyéndose lamentos y el crujir de dientes de los sectores más conservadores —con la Iglesia católica y el papa y las papisas de la Procuraduría a la cabeza—, que se oponen al matrimonio de las parejas del mismo sexo con argumentos basados en los conceptos tradicionales de matrimonio y familia, superados por las realidades sociales, y en prejuicios que contradicen verdades científicas. Desconocen que han cambiado las costumbres y la cultura, como han cambiado la familia y el concepto de la sexualidad humana. La homosexualidad no es una enfermedad mental ni una perversión, no atenta contra las “buenas costumbres”. La orientación sexual no define la moral ni la conducta. De ser así, no habría tantos padres heterosexuales abusivos con sus mujeres, ni padres y madres violentos con sus hijos, ni tantas familias abandonadas y en cabeza de mujeres.