Dueño no, solo administrador

Para una democracia es indispensable que la contratación publica esté regulada, así se reduce el peligro de que un autócrata decida excluir de ella a quienes no son sus amigos o copartidarios.

La frase de la secretaria de Hábitat, no desautorizada por el alcalde, contestando por qué no se había renovado el contrato con una empresa prestadora del servicio de aseo y sí con las otras tres, afirmó “Por decisión política del alcalde”. Esta respuesta refleja abuso del poder. Les corresponde a los jueces definir si son ciertas las acusaciones del alcalde. Si un presidente de la República afirmara que empresas que cumplen los requisitos de una contratación no podrán participar en ella por razones políticas, con razón la sociedad se indignaría y vería en esta decisión una forma totalmente arbitraria de atacar ilegalmente a la oposición.

Para un gobernante local de izquierda, no desautorizar esa frase es atentar contra quienes comparten su ideología, pues autorizaría políticamente al gobierno central a excluir de la contratación pública a quienes no son sus copartidarios. Se abusa de la contratación por urgencia manifiesta. Esta razón se puede esgrimir cuando sucede un hecho imprevisto. Utilizarla, cuando se conocía con suficiente anticipación que el 18 y el 21 de diciembre se terminaban unos contratos y no haber tomado las medidas para sustituirlos o reemplazarlos, es alegar la propia culpa como explicación.

Lo triste de este espectáculo es la sensación de multimillonarias contrataciones a dedo, al mejor estilo de los autócratas. Al final se trató de cambiar todo para que todo quedara igual. Las mismas empresas, incluyendo la vetada por razones políticas, siguen prestando el servicio de aseo. La administración informa que se redujo el valor de los contratos, pero de la lectura de las confusas declaraciones se deduce también que el Acueducto a través de una o varias subsidiarias prestará el servicio en determinadas zonas. Es decir, el área asignada de los contratos actuales se disminuye. Debe aclararse si la reducción del área se refleja en el valor de los contratos.

Los funcionarios no están por encima de la ley. Si la reglamentación prohíbe el uso de volquetas para recoger basura, no puede el alcalde alegar su propia incompetencia para no cumplir la norma. El bochornoso espectáculo de emplearlas en lugar de las compactadoras le merece a la ciudadanía una explicación clara, diferente de las teorías conspirativas aducidas por el burgomaestre.

En la actualidad la Empresa de Acueducto produce utilidades. La sociedad tiene todo el derecho de conocer los estudios que muestran cómo se van a afectar las finanzas, con la apresurada conformación de subsidiarias; igualmente se debe conocer los reales costos en que se incurre. Debe conocerse el flujo de fondos y los profundos estudios que debió realizar la junta del Acueducto en forma tal que pueda ejercerse una veeduría ciudadana. Las desviaciones de las proyecciones afectan el servicio y el costo. Debe divulgarse el valor de los contratos de arriendo de las ineficientes volquetas y de las viejas compactadoras.