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Opinión |28 Dic 2012 - 11:00 pm
¡Esto exije una explicación!
Por: Columnista invitado
Cuando días previos a Navidad aparecieron 25 compactadores de basura usados provenientes de Estados Unidos en el puerto de Cartagena, se comenzó a reparar en el origen de su presencia; en las condiciones bajo las cuales el Distrito de Bogotá había contratado su arrendamiento; en el estado técnico-mecánico y ambiental; en la documentación y requisitos de nacionalización y operación legal; en las características, como maquinaria o como vehículo pesado, e incluso en la cláusula del TLC con Norteamérica bajo la cual se hizo la importación.
Estos asuntos fueron puestos en cuestión al desatarse la alarma por la presentación estética de algunas unidades, causando muchas preguntas aún sin respuesta. La primera es por qué el número de unidades, que en total serán 160, sobrepasa las necesidades de Aguas de Bogotá, el operador público, que sólo quedó con el 18% de la recolección. Los otros operadores, que controlan el 82%, utilizan 418 camiones en total. Es decir, para la quinta parte de la ciudad se montó un parque como para operar casi la mitad y hasta de sobra para reemplazar las 479 volquetas que ahora funcionan y cuyo número también desborda el volumen a cargo por lo que muchas permanecen parqueadas. Por lo visto, buena cantidad de los camiones importados tendrán igual destino y peor todavía si, como se ha dicho, el operador público será transitorio.
Otras preguntas provienen de los contratos suscritos entre Aguas de Bogotá y la Unión Temporal Aseo Districapital, el proveedor. La adjudicación no fue mediante licitación pública y, aunque se habla de varios proponentes, el ganador no fue seleccionado por experiencia en el ramo, como reconocen propios y extraños. Igualmente, el concejal Antonio Sanguino -en investigación somera - encontró que, como el pago de arrendamiento mensual por cada camión es de $25 millones, éstos usados podrían comprarse en el mercado norteamericano a lo sumo por precios equivalentes a dos meses de canon de renta.
No obstante, si algo ha causado desconcierto es la condición misma de los vehículos. Opiniones de expertos hablan que, por el crecimiento de vegetales en su tolva de recolección y por la manifiesta corrosión en varios sectores estructurales, son equipos dispuestos para remate o aún para “chatarrización” y dudan en la garantía de prestación del servicio a mediano plazo.
Y no se sabe la verdadera identidad de los contratistas. Su domicilio es una serviteca de Bogotá y el representante legal titular, Diego A. Galvis, apenas figura como dueño de un almacén de llantas en Bucaramanga (como revela hoy este diario). De esas dos señas puede surgir toda suerte de suspicacias.
Los actuales administradores de la Capital y sus adláteres se han atribuido ser consecuentes luchadores por la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Deben tener explicación clara para estos interrogantes y actuar en consecuencia.
*Ex candidato a la alcaldía de Bogotá y analista de Blu Radio.
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