Corruptores de la democracia

El motivo de la sorpresa no es propiamente porque no sea creíble que el gobierno de Santos esté comprando votos en el Congreso, porque también tengo la absoluta seguridad de que los proyectos de leyes se mueven con el aceite de la nómina oficial. Así ocurrió con la ley de inteligencia, con la reforma del fuero militar, con la fallida reforma a la justicia y, obviamente, tenía que pasar con la odiosa reforma tributaria. Lo que sorprende es que haya sido Uribe el autor de tan grave acusación y que el Gobierno lo haya desmentido a través del Twitter elíptico del ministro del Interior, que dejó muchas dudas. Tal parece que al irascible exmandatario definitivamente no le funciona bien la memoria sino su lengua desbocada.

Atrás quedaron los días en los que el expresidente Uribe pregonaba que un hombre público tiene que ser tan transparente que debe ser capaz de hablar en público lo que conversa en privado. Esa regla de la que se ufanaba el gobierno de la seguridad democrática tiene más excepciones que principios. En efecto, lo primero que hay que cuestionarle a Uribe es el hecho de no haber divulgado los nombres de los parlamentarios que le revelaron lo que no es otra cosa que una empresa criminal para incurrir en peculado, prevaricato y concierto para delinquir, entre otros delitos. Las graves declaraciones de Uribe obligan a que la Sala Penal de la Corte inicie de oficio la investigación para sancionar a los congresistas que recibieron canonjías a cambio de aprobar la reforma tributaria y también a la Fiscalía General de la Nación para que haga lo mismo respecto de los ministros o funcionarios que ofrecieron y concretaron los sobornos. Así, además, lo pido desde esta columna.

Pero es insólito, por decir lo menos, que Uribe levante el dedo para acusar a otros de haber corrompido la democracia y que pretenda que sus compatriotas tengamos que ignorar el prontuario de su gobierno. Bastaría recordar que en su mandato se hizo posible la más alevosa agresión a la democracia, representada en la delictuosa reforma constitucional que aprobó la reelección presidencial en su propio beneficio. Entonces se hicieron famosos Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, hoy los únicos condenados por el vergonzoso soborno que pagó el régimen para que el mesías se le cumpliera el gustico de quedarse otros cuatro años en el poder con la tenebrosa banda que lo acompañó. De esa sindicación todavía no se han librado los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, y mucho menos el propio Uribe.

¿No fue, acaso, corrupción a la democracia el espiar a la Corte Suprema cuando juzgaba por parapolítica a sus más cercanos alfiles en el Congreso? Por supuesto que sí. Nunca antes habíamos asistido al espectáculo de que en la mesa de las deliberaciones de los magistrados se instalara una grabadora que a alguien en el Gobierno le permitió informarse indebidamente de lo que estaban considerando los togados, entonces tratados como enemigos por el presidente y su séquito. Y qué no decir de la pavorosa corrupción que desató el gobierno de Uribe al apoderarse indebidamente del Consejo de la Judicatura para asegurar que llegaran a las altas cortes algunos personajillos expertos en el intercambio de favores. Qué peor herencia que la de haber prendido la llama de una corrupción que está incendiando la justicia.

Faltan más datos, pero que no se nos olviden y sobre todo que no lo olvide Uribe Vélez.

Adenda. En ejercicio del derecho de petición pregunté al presidente Santos sobre una carta que le habría enviado el expresidente Andrés Pastrana, sobre el litigio con Nicaragua, y me respondió que no había recibido tal misiva. Ahora Pastrana, en su entrevista a El Tiempo, afirma que sí hubo carta y que la filtraron. ¿Qué hay detrás de esa comunicación y quién miente?