Política de la legalidad

 Lo conozco desde 2003, cuando era candidato a la Alcaldía. Junto con Antanas Mockus lo considero como el gobernante más innovador que tiene Colombia.
Fajardo me recibió en su sobria oficina en el piso 12 del edificio de la Gobernación. Sentados en un extremo de una larga mesa, frente a nosotros la vista de una soleada Medellín, escuchaba al gobernador evaluar su primer año de gobierno y pensé en todas las veces que, y aún en tiempos muy recientes, en la misma silla estuvieron sentados gobernadores que sin escrúpulos estrecharon sus manos con mafiosos, corruptos y paramilitares, sellando pactos con ellos. Pensé que el solo hecho de que Fajardo haya llegado a la Gobernación, después de una alcaldía exitosa, es una señal de que la esperanza se puede hacer política y que es posible romper los lazos entre política y mafia. Se recorrió un buen camino desde cuando Fajardo y Compromiso Ciudadano repartían volantes en los semáforos de Medellín.

¿Pero cuál es la esperanza que la experiencia de Fajardo encarna? Ayer como alcalde y hoy como gobernador (¿mañana como presidente?) Fajardo representa la posibilidad de cambiar el paradigma político, en lo cual radica la aspiración de paz de Colombia, su posibilidad de ser una democracia madura y su proyecto de nación. Es un cambio de paradigma donde “poder” pasa de ser un sustantivo (el poder) y se convierte en verbo: poder cambiar, poder transformar. Simplemente “poder” (donde todos pueden) porque hay igualdad de oportunidades y la posibilidad de concretar el proyecto de vida de los individuos y las aspiraciones de las comunidades. Es el poder que no define lo público como ‘cosa nostra’.

Por eso, más allá de las ideologías, la propuesta más radical de Fajardo es haber puesto la cultura de la legalidad como eje principal del programa de desarrollo. No es poca cosa en un departamento donde históricamente se han fundido, en las prácticas económicas y políticas, lo legal con lo ilegal, y que hoy sigue siendo tierra de intocables e innombrables. Donde, en otras palabras, la ilegalidad en muchos casos se ha convertido en identidad.

Por eso, afirmar una política de la legalidad va más allá de hacer las cosas bien, respetando la normatividad. Se necesita una política de ruptura. Ruptura con la corrupción, el narcotráfico, el mal uso de los recursos, el clientelismo, la minería ilegal, la evasión de impuestos y el aprovechamiento abusivo de los bienes públicos.

El alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, conocido por su intransigente lucha contra la mafia siciliana y el padrino de la cultura de la legalidad (y con quien Fajardo se reunió en 2003), me decía que los mafiosos no son dignos de ser sicilianos. Quería cortar la identidad entre ser mafioso y ser siciliano. Si Fajardo gana su apuesta, Antioquia podrá exportar no la enfermedad de la ilegalidad y la impunidad sino su cura, y ser una propuesta viable para: ser una luz que se encendió en el corazón de las tinieblas.