Por: Yesid Reyes Alvarado

Corte sin funciones electorales

La Corporación Excelencia en la Justicia anunció tempranamente uno de sus propósitos para el 2013: el pasado noviembre su directora advirtió que este año promoverá una reforma constitucional orientada a suprimir las funciones electorales de los magistrados de la Corte Suprema, a aumentar los requisitos necesarios para acceder a ese cargo y a la creación de nuevas inhabilidades e incompatibilidades para sus integrantes, entre las que estaría la prohibición de ser elegidos en otra de las altas corporaciones de la justicia.

Es una iniciativa que merece el respaldo de los ciudadanos, del Congreso, del Ejecutivo, de la Rama Judicial y, por supuesto, de la propia Corte Suprema, que debe estar interesada en recuperar el prestigio que durante tanto tiempo la caracterizó y que en los últimos meses ha venido perdiendo de manera vertiginosa, pese a la valerosa actitud de varios magistrados que se han opuesto a tomar parte en los juegos de poder que ocupan a algunos de sus colegas.

La Corte Suprema es una institución creada para ser el órgano de cierre de la estructura judicial. A ella corresponde emitir la última palabra sobre la legalidad de los procesos que adelantan los demás jueces de la República y, en desarrollo de esa actividad, orienta el trabajo de aquellos mediante sentencias que marcan la forma en que las normas y las instituciones jurídicas deben ser interpretadas y concebidas. Es una de las más puras manifestaciones de creación y aplicación del derecho, la que durante muchos años ha servido de estímulo intelectual para que generaciones de abogados hayan soñado con llegar a una corte que fue igualmente ideada como la cúspide de una vida profesional dedicada al servicio de la justicia.

La complejidad y profundidad de esas funciones constituían un filtro natural para quienes aspiraban a esa magistratura; pocos se sentían con la preparación y experiencia necesarias para asumir un reto que suponía estar inmerso en la lectura y el análisis de expedientes, doctrina y jurisprudencia. No eran cargos que (salvo contadas excepciones y respecto de casos puntuales) dieran visibilidad mediática, relevancia social o un significativo poder burocrático. Quien quería ser magistrado de la Corte Suprema sólo buscaba la posibilidad de participar en la creación y el perfeccionamiento de las instituciones jurídicas, poniendo al servicio de los ciudadanos todo el bagaje adquirido durante años de estudio o trabajo en el ámbito judicial.

Con el loable propósito de consolidar la independencia de la Rama Judicial, el constituyente de 1991 le confirió algunas funciones electorales a las altas cortes que, con el paso del tiempo, fueron desviando la atención de varios de sus integrantes; es un poder material, tangible, al que no todos pueden o saben resistir. No sólo les quita una parte importante del tiempo que requerirían para estudiar con detenimiento los casos sometidos a su criterio, sino que ha terminado por constituir un aliciente adicional para muchos aspirantes, en detrimento de su original atractivo intelectual. Por eso, creo que vale la pena acompañar a la Corporación Excelencia en la Justicia en este propósito del 2013.

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