Lo que quedó de la reforma tributaria

EL PASO DE LA REFORMA TRIBUTAria por el Congreso la mejoró levemente en términos de equidad, pero sigue lejos de ser la que necesita el país. El impuesto a las empresas aumentó del 33% al 34% de sus utilidades, pero solo por tres años, al cabo de los cuales volvemos a la situación anterior, como si no estuviéramos fuera de base. El nuevo régimen derrota los contratos de estabilidad jurídica de Álvaro Uribe, que habían reducido a un mínimo la tributación de las empresas extranjeras de minería y petróleo.

Las empresas fueron descargadas de impuestos a la nómina, lo cual ayudará a profundizar el mercado formal de trabajo. Colombia tenía los impuestos más elevados a la nómina de la América Latina y, asimismo, los mayores índices de informalidad y desempleo. Esto beneficia evidentemente a las empresas intensivas en trabajo y castiga a las que emplean más capital, precisamente a las mineras y petroleras. Faltó quitar las contribuciones para las cajas de compensación, que seguirán apropiando recursos públicos escasos, sin supervisión seria de cómo se los gastan.

La propuesta de algún legislador de tasar los dividendos con un pobre 5% no fue acogida; así las cosas, un profesional de clase media paga más de un 20% de su ingreso en impuestos, mientras que el hombre más rico del país paga 0%. No se tocó el impuesto al patrimonio, que es justo y fue importante para financiar la guerra, pero cuya vigencia expira el año entrante. Tampoco se tocó el impuesto predial, que es ridículamente bajo y que protege a la gran propiedad territorial de tener que ser productiva y de contribuir a resolver las necesidades sociales y de infraestructura del campo.

Los impuestos a las ganancias ocasionales fueron reducidos del 30 al 10% y las pensiones hasta de $26 millones mensuales siguen exentas, como si no hubiera viejitos ricos, sobre todo congresistas, que drenan del fondo pensional al que no han contribuido de manera proporcional.

El problema histórico de Colombia es que con esos impuestos tenemos muy poco Estado y el que hay se lo roban. El ingreso tributario del gobierno central en 2012 alcanzó $99 billones, 15% del PIB, una mejora contra el legado por la administración anterior, pero insuficiente frente al nivel de gasto, que alcanzó 18,7% del PIB. La diferencia se cubrió con la renta petrolera (los dividendos de Ecopetrol por 1,7% del PIB) y el resto fue el déficit de más de 2% del PIB que se financia con deuda pública.

Los datos conocidos la semana anterior informan que la deuda externa del gobierno fue de $60,2 billones y la interna $153 billones. La primera aumentó en US$4.000 millones entre septiembre de 2011 y 2012 o sea 13,5%, algo que contribuyó a la revaluación del peso que golpea la industria y la agricultura. Pero el aumento de la deuda interna también atrae dólares por la vía de la inversión extranjera de portafolio, algo que este gobierno acaba de liberalizar aún más sin ton ni son. Si el recaudo tributario hubiera aumentado 4 o 5 puntos del PIB, tendríamos ahorro público, menos revaluación y además un gasto estatal más vigoroso.

Finalmente, la DIAN fue fortalecida en su capacidad de iniciar procesos en caso de fraude, algo que extrañamente nunca pudo hacer, dando la señal de que robarle al Estado no tiene ninguna consecuencia. Pero los contribuyentes se siguen preguntando: ¿para qué pago impuestos, si políticos y contratistas se los roban y los que más tienen no los pagan?