Notas sobre el control de legalidad de "H.H."

En esta ocasión, se controló la legalidad de los cargos formulados por la Fiscalía en contra del otrora comandante de los Bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, Herbert Veloza García, más conocido como “HH”.

¿Por qué es tan importante esta decisión en contra de HH? Desde el punto de vista del proceso seguido en contra de dicho comandante, tal decisión resulta de crucial importancia en atención a (i) la naturaleza y magnitud de los cargos formulados por la Fiscalía y legalizados por el Tribunal y (ii) las revelaciones sobre la persecución a los militantes de la antigua Unión Patriótica y algunos sectores sindicales por parte de los grupos de autodefensa. Asimismo, desde el punto de vista del proceso de justicia y paz, dicha decisión también reviste particular importancia en relación con (iii) las dificultades que afronta la recolección de los bienes destinados a la reparación, (iv) la ineficiente relación entre la justicia ordinaria y justicia y paz y, finalmente, (v) lo que podemos esperar de la sentencia que ponga fin a este proceso de las víctimas. Veamos.

En primer lugar, es preciso resaltar que la legalización de cargos en contra de “HH” se ocupó de 88 hechos genéricos que abarcan los 347 delitos que, según confesó, cometió en calidad de comandante del Bloque Bananero, y 488 como comandante el Bloque Calima. Por tales hechos se legalizaron cargos por delitos de gran envergadura como homicidio en persona protegida, secuestro, reclutamiento forzado, actos de barbarie y de terrorismo, y secuestro, entre otros. En total, “HH” enunció la aberrante cifra de 1500 delitos cometidos por los integrantes del Bloque Bananero y más de 2000 del Bloque Calima.

Adicionalmente, se estableció que la persecución y los ataques sufridos por los miembros de la Unión Patriótica corresponden al crimen de genocidio político y que los hechos delictivos cometidos en contra de los integrantes de los sindicatos constituyen crímenes de lesa humanidad, sin embargo, dado que tales crímenes no estaban (o no están, en el caso de éstos últimos) tipificados en el ordenamiento internó, se legalizaron cargos por el delito de homicidio en persona protegida.

En segundo lugar, la legalización de HH desarrolló un importante y extenso contexto sobre la persecución de la UP en el contexto del conflicto colombiano, particularmente en la zona del Urabá, y confirmó lo que había establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos años atrás: las AUC incurrieron en un “asesinato masivo y sistemático del grupo político denominado la Unión Patriótica”, hecho susceptible de ser calificado como genocidio político.

Además de concluir que el conflicto armado muchas veces se utilizó como pretexto para violentar a grupos sindicalistas, en particular, en el caso del Urabá y respecto de accionar de los Bloques Bananero y Calima de las AUC, el Tribunal señaló que la persecución y los delitos cometidos contra los sindicalistas podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad, dada su generalidad y sistematicidad.

La legalización de cargos en contra de HH constituye una pieza judicial invaluable en términos de contribución efectiva a la verdad judicial en relación con la persecución de los miembros de organizaciones políticas y sindicales, así como en relación con el actuar y los patrones de macro criminalidad de los bloques Bananero y Calima, comandados por HH: de las 316 páginas de la completa providencia, cerca de 90 son destinadas a presentar los elementos históricos y contextuales del caso de Urabá.

De otra parte, la legalización de cargos en contra de “HH” evidencia un grave problema que afrontan las instituciones al intentar recaudar los bienes entregados por los desmovilizados que se acogieron al proceso de Justicia y Paz. En el caso de “HH”, si bien se han entregado bienes de importante valor, lo cierto es que sobre muchos de ellos las autoridades no han podido ejercer control alguno dado que actualmente están ocupados por las Bandas Criminales (Bacrim). Por lo tanto, si bien nominalmente se entregaron tales bienes para la reparación de las víctimas, éstos no integran realmente los fondos creados para el efecto.

Esta decisión también permite apreciar la ineficiente relación entre la justicia ordinaria y las instituciones de Justicia y Paz. En efecto, a la fecha de la legalización de cargos, HH estaba vinculado en 222 investigaciones; tenía 42 sentencias condenatorias en su contra; 42 procesos en sentencia anticipada; 38 medidas de aseguramiento, 9 procesos en los que estaba pendiente que se resolviera su situación jurídica; 7 procesos que se encontraban en la etapa instructiva y esperando su vinculación; 3 procesos suspendidos y 1 proceso en el que fue absuelto. Dichas cifras por sí solas develan que entre las instituciones de justicia y paz y los despachos ordinarios no existe una articulación eficiente, lo cual indefectiblemente trae como consecuencia un grave desgaste institucional.

Por último, esta legalización de cargos permite inferir que al cabo del proceso se proferirá una macro-sentencia que de cierta manera defina y devele los patrones de macro-criminalidad y contexto del accionar de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo cual, contribuirá a la verdad judicial y permitirá que en adelante se profieran sentencias anticipadas para los miembros de tales grupos, hipótesis contemplada en la reciente reforma a la Ley de Justicia y Paz en aras de conseguir agilidad y eficiencia procesales.

Adenda: Los senadores miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas solicitaron al Presidente Santos convocar al Comité Ejecutivo de la Ley porque se ha evidenciado que la expectativa creada con dicha normativa desbordó la capacidad institucional. ¡Qué tarde se dieron cuenta los Legisladores de la magnitud de los compromisos adquiridos mediante dicha ley; ojalá no se repita la misma historia de grandes expectativas seguidas de tristes desilusiones para las víctimas colombianas!

En Twitter: @andreasforer