Reelección, una historia para recordar

Es un hecho que el período presidencial pasó de cuatro a ocho años. O ¿a alguien se le ocurre apostar a la derrota de un jefe de Estado en ejercicio? El tema de la repetición en el primer cargo de la Nación se pone, pues, otra vez sobre el tapete. Es necesario, entonces, recontar, en este mundo de olvidadizos y acomodados, cómo la Constitución terminó permitiéndola sin tener en cuenta que el beneficiario de la propuesta era quien la promovía.

El proyecto iba bien encaminado en el Capitolio en 2004 hasta cuando llegó a la Comisión Primera de Cámara, donde 18 de sus 35 miembros se identificaron con el antirreeleccionismo, con lo cual la reforma, con la minoría de 17 partidarios, estaba muerta. Pero 24 horas después de conocerse la posición de la mayoría, la representante Yidis Medina dio la vuelta y votó por aprobarla. Otro colega suyo, Teodolindo Avendaño, se ausentó en el momento de la decisión. Así las cosas, los votos a favor pasaron de 17 a 18, y los de la oposición, de 18 a 16. Denunciada Medina por el representante Germán Navas Talero, la Corte Suprema la absolvió en febrero de 2005, después de una apoteósica fiesta que le hizo el uribismo agradecido con su venalidad. Fue en esa rumba donde alguien le presentó a sus defensores: Clara María González y Álvaro Montoya, que la apoderaron “gratuitamente”. Superado ese escollo, faltaba otro: la revisión del acto legislativo y de su ley estatutaria por la Corte Constitucional. Pero había más soluciones. El Congreso aprobó la ley aunque le faltaba un voto en Cámara y uno en Senado, con la colaboración interesada (a cambio de $4.000 millones) de Gustavo Petro y Antonio Navarro, respectivamente. De otro lado, el parlamento redujo la discusión en el alto tribunal constitucional a la tercera parte del tiempo previsto, con el fin de que las necesidades de inscripción del candidato presidente se ajustaran al calendario. Así fue. La Corte hizo lo propio y en marzo de 2006 Uribe era mandatario saliente y entrante.

En abril de 2008, la Suprema revocó el auto que favorecía a Medina y reabrió la investigación por la revelación de la propia incriminada en entrevistas con Daniel Coronell en Noticias Uno y en El Espectador. Yidis confesó que recibió sobornos en especie: puestos, contratos y notarías que le prometieron Uribe, sus ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, su superintendente de Notariado, José Félix Lafourie, sus secretarios Alberto Vásquez y Bernardo Moreno, y varios de sus subalternos. La Sala Penal condenó por el delito de cohecho a Medina, a su jefe político, Iván Díaz Mateus, y a Teodolindo Avendaño. Pero la justicia no se atrevió con la cúpula, que sigue libre e impune. Así como revisó su primer fallo, la Suprema le pidió a la Constitucional reexaminar el suyo (exequibilidad de la reelección) con dos argumentos: “la aprobación de la reforma fue una clara desviación de poder”. Y “la corrupción en el ejercicio de la función pública no puede ser fuente del derecho”. Los guardianes de la Carta se fueron por la vía fácil, tal vez avasallados por el inmenso poder del Ejecutivo. Es “caso juzgado”, dijeron, y salieron del lío. Meses más tarde, los colombianos nos enteramos de las ambiciones futuras de esos togados en materia, de nuevo, de cargos y contratos. ¿Resultado? En 2014 habrá segundo experimento reeleccionista. Ahora, para felicidad del archienemigo de su creador. A nadie le preocupa el pasado. Ya está sepultado.