La detención preventiva

Hay quienes se han mostrado contrarios a esa decisión, con el argumento de que no es posible desconocer la peligrosidad de una persona señalada de cometer un delito de secuestro, cuya autoría acepta.

Una vez más se envía un mensaje equivocado a la sociedad al confundir los conceptos de pena y detención preventiva. Aquélla es una sanción que se impone a quien después de un juicio es encontrado responsable de la comisión de un delito; antes de ese momento se presume su inocencia y por tanto no resulta válido hacerle pagar anticipadamente parte de un eventual castigo; su finalidad es la de prevenir la reiteración de conductas criminales. Ésta, por el contrario, es una restricción que sólo se impone a quien está siendo indagado o procesado y tiene como propósito garantizar que el afectado no se sustraerá a la acción de la justicia ni intentará entorpecer su funcionamiento; como no es una condena anticipada por su posible participación en los hechos investigados, no vulnera la presunción de inocencia.

Dado que la pena es consecuencia de una declaración de responsabilidad, se impone de manera proporcional a la gravedad del delito cometido; esto obliga a un análisis sobre la conducta pasada del autor, en el que se tiene en cuenta la naturaleza del crimen, la forma de comisión del mismo y el daño causado. Puesto que la detención preventiva sólo busca asegurar que el investigado no eluda la acción de la justicia, requiere de un examen sobre el comportamiento futuro del mismo; si se prueba que el acusado se evadirá o tratará de entorpecer el juicio, entonces se lo encarcela para impedir que así lo haga.

Por eso es un error que, al decidir sobre la viabilidad de una medida de aseguramiento, se evalúe la peligrosidad del sindicado con base en la gravedad del delito que se le atribuye; ese es un dato que sólo sirve para determinar si el hecho punible está dentro de los que legalmente admiten su imposición. Pero establecido ese aspecto, el juicio de peligrosidad debe hacerse a futuro, lo que significa que la retención sólo procede si se demuestra que se va a fugar o que va a intentar manipular las pruebas para tratar de obtener una decisión favorable. Si ninguna de esas dos circunstancias se establece, entonces la persona no es un peligro para la sociedad y debe ser juzgada en libertad.

Aun cuando la indignación producida por algunos delitos lleve a algunos a pedir que sancionen con detención preventiva a sus autores, debe quedar claro que se trata de reacciones más emotivas que jurídicas. Los jueces deben evitar ese tipo de presiones y recurrir a esa figura sólo cuando el pronóstico de comportamiento futuro del procesado lo aconseje. La proliferación de estas determinaciones en casos que no lo ameritan puede terminar por convertirse en un indebido mecanismo de presión sobre el investigado, que debe escoger entre allanarse a los cargos o defenderse desde una cárcel en la que puede estar recluido varios años hasta la terminación del proceso.