Paz y participación

Era mayo de 1999 y habían pasado tres años desde que en Guatemala se había firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el último de una secuencia de acuerdos con amplia participación de múltiples sectores de la sociedad. La consulta popular tuvo lugar, pero no sólo ganó el "no" sino que además reinó la abstención (con un 20 por ciento de participación electoral). ¿Se equivocaron los guatemaltecos al someter a la voluntad popular los frutos de una larga negociación? ¿Deslegitimaron los acuerdos en vez de fortalecerlos? ¿Qué ganaron y qué perdieron? ¿Cuál es la relación ideal, si la hay, entre participación social y negociaciones de paz?

Las preguntas son relevantes para la discusión que se adelanta en torno al proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Las FARC han planteado la necesidad de que “el pueblo” (en abstracto) participe en la negociación y en la construcción de los acuerdos y han sugerido la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente. El gobierno, si bien ha rechazado esta posibilidad, ha avalado varios mecanismos de participación como las mesas regionales organizadas por el Congreso de la República, la apertura de una página en Internet a la que los ciudadanos pueden enviar sus propuestas sobre los temas de la agenda y un masivo foro agrario organizado en diciembre del año pasado por la Universidad Nacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Del foro resultaron, según el comunicado de los organizadores, “546 propuestas presentadas por los 1.314 ciudadanos de 522 organizaciones de los 32 departamentos del país”.

¿Cuándo y cómo debe participar la sociedad en una mesa de negociaciones? ¿Cómo evitar el saludo a la bandera en las que fácilmente se pueden convertir las 546 propuestas del foro agrario y las otras tantas que surgieron a partir de las mesas regionales y de la página? ¿Quién va a sistematizar y con qué criterios toda esa información para garantizar que pueda ser tenida en cuenta por la mesa? ¿Cómo evitar, también, la falsa expectativa de que todos (¿”el pueblo”?) debemos incidir en unos acuerdos que, principalmente, deben llevar a que una organización armada con una agenda política determinada decida que es posible tramitar sus intereses por vía civil y deponga sus armas? ¿Si la población de Colombia hoy supera los 45 millones, cómo asegurar que también esos ciudadanos, y no sólo los que tuvieron la fortuna de participar en el foro y en las mesas regionales, se sientan representados en la mesa? ¿Y cómo evitar, por último, que facciones diversas, de todas las orientaciones políticas, manipulen o se escuden en la difícilmente asible y altamente heterogénea voluntad popular?

La participación de la sociedad en las negociaciones de paz es importante. Pero, como lo demostró el caso guatemalteco, no es la panacea ni la condición más importante para el éxito de las mismas. Para ser efectiva, debe tenerse mucha claridad acerca de qué esperamos de ella y cuáles son los múltiples mecanismos disponibles para que no sea engaño ni limitación.

* Angelika Rettberg, Directora y profesora asociada departamento de Ciencia Política Universidad de Los Andes