La Constituyente como institución

No me refiero sólo a la reciente petición de las Farc en La Habana. También a las voces que la reclamaron el año pasado, a propósito del hundimiento de la reforma constitucional a la administración de justicia, y a quienes, aún antes, estimularon la idea en medio de los enfrentamientos suscitados entre el gobierno y las altas cortes.

Independientemente de la conveniencia o inoportunidad de tales propuestas, lo que ellas expresan es la necesidad de abrir la política hacia espacios más amplios y más aptos para la participación. Es un imperativo de los nuevos tiempos que no resultó ajeno para el constituyente del 91. Por eso incorporó la institución en el texto de la nueva carta política. Era necesario hacer más fácil una reforma constitucional.

Prisionero de un rígido sistema constitucional, el país había visto cómo la gente se divorciaba de sus instituciones. La adopción de un régimen flexible no sólo tenía la ventaja de facilitar eventuales reformas al texto superior sino, ante todo, la de garantizar los vínculos entre la carta política y la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo aquellos espacios abiertos en el 91 se han venido cerrando en forma paulatina.

El jurista español Carlos de Cabo Martín insiste en que la naturaleza de la constitución no puede ser simplemente teórica. Su vigencia depende también de su conexión con la realidad. En el nuevo constitucionalismo, agrega el brasilero Lenio Luiz Streck, el derecho deja de ser solamente regulador, para cobrar dimensión transformadora. Se trata, pues de una cuestión paradigmática.

El estado constitucional, demanda nuevas reflexiones jurídicas y políticas sobre la Constitución. Ésta tiene que ser una especie de acuerdo libre para la convivencia, de manera que se convierte en expresión jurídica cabal de la realidad política. Es el resultado de un proceso dinámico de conciliación de intereses, a veces contradictorios, pero siempre legítimos.

Dentro de las sociedades plurales la participación democrática en el diseño institucional y en sus desarrollos garantiza los mejores niveles de gobernanza. No tiene sentido descalificar las inmensas potencialidades de legitimación de una constituyente. Menos aún cuando está claro que ciertas reformas, como la del congreso, la reforma territorial o la de la justicia, son imposibles por la vía tradicional del Congreso. Por fortuna la carta del 91estableció la asamblea constituyente como institución de nuestro derecho público pero, por desgracia, dejó su construcción a medio camino.

Nuestro derecho constitucional debería garantizar la vigencia de esa institución como algo suficientemente próximo al ciudadano, a lo cual pueda apelar con facilidad cuando sea necesario modificar la carta, sin perjuicio de las funciones legislativas y de control político a cargo del Congreso. Sería un triunfo de la democracia de participación y una auténtica apertura en medio del cerrado sistema político colombiano. Con razón el establecimiento desvaloriza la simple idea, siempre que alguien decide proponerla.

*Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net.