Por: Armando Montenegro

Un primer paso

La pasada Reforma Tributaria dio algunos pasos en la dirección correcta. Su mayor contribución fue romper el mito de que los parafiscales eran intocables.

En buena hora le rompió una vértebra a un dañino sistema de distorsiones del mercado laboral que había sido atacado, con buenas razones, durante más de 15 años por los economistas del país y del exterior.

El problema es que se quedó corta. La mayoría de los parafiscales sigue viva. No se tocaron los privilegios de las cajas de compensación ni los complicadísimos impuestos empresariales que financian la seguridad social. En el futuro, cuando sea escaso el impacto de esta reforma sobre el empleo y la formalidad, quienes la apoyamos diremos que no fue suficientemente ambiciosa. Y los lobbies dirán que este tipo de iniciativas es inútil, que éste no es el camino para aumentar el empleo y reducir la informalidad.

Por presión de los políticos y los sindicatos, la reforma tampoco se metió con la estructura de gobierno, los incentivos y la administración del ICBF y el Sena. Más bien dio algunos pasos para blindarlas de iniciativas de cambio y modernización. En estas materias hay un arsenal de buenas ideas. El Instituto debe depender de un nuevo Ministerio de la Familia, que también tenga a su cargo los temas de la mujer y la tercera edad. La junta directiva del ICBF, sus funciones, incentivos y mecanismos de operación deben reformarse de manera profunda.

Al tiempo que también debe ser sujeto de una completa transformación, el Sena debe pasar a depender del Ministerio de Educación, donde se debe crear un viceministerio especializado en la formación para el trabajo. Éstas y otras buenas iniciativas están contenidas en el documento CEDE 35, “La formación para el trabajo en Colombia” de J.E. Saavedra y Carlos Medina.

A pesar de que el mercadeo de la reforma se concentró en el tema de la equidad, éste, en buena parte, también quedó pendiente. El hecho de haber gravado más intensamente a las clases medias y medias altas, como era de esperar, hizo notar con mayor claridad los grandes vacíos en la estructura de la tributación que grava a los dueños del capital. Esta falencia fue más notable por cuanto, desde hace varios años, numerosos trabajos del Consejo Privado de Competitividad, Fedesarrollo y el FMI han recomendado gravar los dividendos en Colombia, sin poner en peligro los incentivos a la inversión ni la eficiencia empresarial.

Aunque el propio presidente Santos se sumó a los críticos y apoyó una fórmula para gravar los dividendos, esto ocurrió cuando la discusión ya estaba avanzada y la idea no prosperó.

La pasada reforma tributaria no cerró los temas. Avanzó un poco (también es notable que no tuvo retrocesos ni fue objeto de micos). Su mayor contribución fue poner en la mesa de discusión una serie de temas que seguramente serán abordados en la próxima oportunidad en que el país necesite discutir el asunto de sus impuestos.

Y ese momento no está lejos. Con la terminación de los recursos del impuesto al patrimonio y las negociaciones de paz, rápidamente quedará claro que Colombia necesitará mayores ingresos tributarios para mantener su sanidad fiscal. En ese instante se retomará el debate sobre cuáles son los grupos que deben contribuir más. Allí se revisarán las propuestas pendientes que se ventilaron alrededor de la equidad de la reciente reforma.

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