La farsa de la contralora

Esta semana recibí una respuesta incompleta, pero cargada de insinuaciones malintencionadas en contra de mi esposa, mi hermana y el suscrito. Ese es el estilo procaz de quien cada día se desnuda como un ser soberbio, perverso, ponzoñoso y arbitrario. Por eso no es extraño que su abogado haya amenazado a dos ancianos enfermos con tumbarles el edificio, sólo porque le exigieron reglas de buena vecindad.

Pero bien, dejando de lado las insinuaciones personales y familiares de la contralora, su respuesta a mi petición, a pesar de no ser completa, en todo caso permite concluir que su gestión le está causando daño al erario, no sólo por arrendar un suntuoso edificio para trasladar sus oficinas, sino además por la feria de contratos que ha prodigado con calculadas intenciones.

En efecto, la contralora se empeñó en trasladar las oficinas a un edificio carísimo que tomó en arriendo, que está costando un infierno de plata, pues según Semana, el canon mensual será de $2.515 millones mensuales, es decir, $60.383 millones en dos años. En su propósito de trasladarse a un edificio faraónico, la Morelli llegó a compararse con Napoleón, de quien dijo que nadie lo criticaba por los edificios fastuosos que se mandó a construir.

El país no sabe que para el año 2011 la Contraloría firmó la medio bobadita de 526 contratos de servicios profesionales, por un valor total de $527.682’748.494. Lo más curioso es que de esos contratos hay 123 con abogados o asesores jurídicos, que han costado $198.908’781.517, lo que resulta una exageración para una entidad que cuenta en la nómina con profesionales del derecho.

Pero también en 2012 la Contraloría suscribió 593 contratos de prestación de servicios, que le representaron a la entidad la exorbitante suma de $ 41.156’131.063. También para este año sobresalieron como contratistas 207 abogados y asesores jurídicos, todos curiosamente provenientes del entorno de sus preferencias políticas e institucionales, con un costo de $7.690’494.415. Entre otros ilustres contratistas, la Contraloría albergó con gusto al exmagistrado Francisco Ricaurte, durante los tres meses que estuvo sin empleo mientras esperaba que lo volvieran a nombrar en el Consejo de la Judicatura. Le pagaron $54 millones. También aparecen en la conspicua lista Emilio Echeverry, el excompañero de la contralora en la Federación de Cafeteros y exgobernador de Caldas. Y otros más, ya lo verán.
La contralora enjuicia las nóminas paralelas de sus vigilados. Predica pero no aplica. Si a alguien se le ocurre contratar un batallón anual de abogados, la Contraloría sabría caerle con el ruido mediático que imprime a sus causas.

Curiosamente, entre esos contratistas vuelve a aparecer Jorge Arturo Moncada, yerno del procurador, aliado de la Morelli, a quien en 2011 le dieron otro contratico por $170’000.000. La contralora intenta defenderse alegando que el personaje es también sobrino de Horacio Serpa, pero lo cierto es que allá lo tiene desde el día siguiente en el que se unió a la sagrada familia de Ordóñez.

Pero lo que resulta sorprendente es que la Contraloría celebró un convenio con la Policía Nacional para que le permitieran el uso de helicópteros y aeronaves. La contralora se ha resistido a informar con quiénes y a qué destinos ha viajado por cuenta de ese convenio, pero la Policía da cuenta de que entre abril y diciembre de 2012 la iracunda señora voló 74,8 horas, es decir, más de tres días en el aire, lo cual representa una suma millonaria. ¿Por qué se niega la Morelli a informar con quién y dónde viajó? Por algo será.

Por razones de espacio me abstengo hoy de referirme a esa mentira maquillada de que la contralora ha recuperado muchos billones de pesos para el tesoro nacional. Esa es otra falacia. Habrá para rato.

Adenda. ¿Quién responderá por el descalabro del Interbolsa vallecaucano, protagonizado por Acción Factoring S.A.S.