El níquel de la BHP Billiton*

En octubre de 2012 la mina y todas las facilidades de refinación debían pasar a la Nación, pero el gobierno Santos decidió cambiar este derecho de ser dueño de sus recursos y de su destino por un arriendo muy bajo.

El país viene en un proceso de desindustrialización que podía ser superado, entre otros cursos de acción, si le apostara a la explotación y procesamiento del níquel, que se utiliza para producir aceros de alta calidad, otras aleaciones, en robótica, fabricación de monedas y de pilas recargables. El Banco de la República podría trasladar su Casa de Moneda de Ibagué a Córdoba, reduciendo sus enormes costos de transporte y abriendo la posibilidad de exportar a otros países.
El níquel se produce en Canadá, Rusia, Cuba y Bolivia, siendo un recurso explotado por empresas públicas en la mayor parte de los casos. Aquí se podría recurrir a alianzas público privadas con muchas empresas para desarrollar toda la cadena industrial, menos con la BHP Billiton.

Se deja en manos de la multinacional que explote por medio de ella misma y subsidiarias diferentes aspectos de la extracción del recurso, prestándose a la contabilidad creativa y a que por medio de precios de transferencia se reduzcan tanto el canon del arriendo como las mismas regalías. Estas se aumentaron al 13% del valor en mina y 14% en el nuevo contrato, pero solo si se le da por ampliar su capacidad de producción, algo que la propia empresa decidirá según su conveniencia. El gobierno se contentó con un estudio de la trasnacional que lo intimidaba, pues afirmaba que la mina se estaba agotando y se requería de un nuevo proceso cuya tecnología sólo ella poseía. No se le ocurrió contratar un consultor independiente y objetivo, porque la decisión estaba tomada de antemano.

El contrato debió rescindirse con mayor razón porque la empresa ha sido investigada por la Contraloría General de la Nación de haber dejado de pagar $62.000 millones en regalías, calculadas según su conveniencia. Las supuestas inversiones sociales que hacen sus fundaciones, y que no se ven ni en Tierralta ni en Córdoba, son deducidas del impuesto a la renta que debe pagar la empresa. Este es un regalo a todas las mineras que le hacemos los contribuyentes y fue extendido en la reciente reforma tributaria del gobierno Santos. Además, hay evidencias de que la seguridad industrial es insuficiente: trabajadores y vecinos muestran enfermedades de la piel derivadas de su exposición a los deshechos de la planta.

El yacimiento de Tierralta contiene níquel y además hierro, que es el subproducto que queda después del proceso de refinación y que obviamente se exporta. Pues bien, la BHP Billiton no paga regalía alguna por el hierro y a las flojas reguladoras nacionales ni se les ocurre que les haga un balance de lo que ha extraído y que le compense al país por la pérdida de otro recurso natural no renovable.

Colombia no ha construido un Estado autónomo de los intereses oligárquicos, empresariales y de los inversionistas extranjeros. No cuenta con un servicio civil meritocrático, riguroso y bien pago (insobornable), lo cual se hace evidente en su servicio diplomático, los ministerios y buena parte de los reguladores, aunque hay excepciones que debieran ser la regla. Por eso, el Estado que tenemos no defiende los intereses nacionales.

*Basado en Colombia Puntomedio y Jorge Robledo.