Colombia y la OECD

La organización establece orientaciones sobre la economía, la educación y el medio ambiente; acepta socios que adopten prácticas de libre comercio, que exhiban una fuerte capacidad estatal y que apliquen políticas fiscales que mejoren la distribución del ingreso. Otros condicionamientos son que sus miembros cuenten con sistemas educativos de buena calidad que favorezcan la movilidad social, que se doten de modernas infraestructuras y desplieguen una efectiva protección ambiental.

Su secretario general, Ángel Gurría, dio declaraciones interesantes sobre la economía colombiana en varios frentes: la tributación recae más sobre el trabajo y menos sobre las utilidades y los recursos naturales, lo cual es perjudicial para el empleo y la distribución del ingreso y obviamente no recae donde debe, que es el excedente económico. Ello también explica que la capacidad estatal colombiana sea insuficiente pues es sólo de la mitad del promedio de los países de la OECD, medida como tributación en el PIB. La infraestructura está muy atrasada, incluso frente a países más pobres que Colombia, lo que revela un alto nivel de corrupción. La educación ha aumentado la cobertura pero su calidad es deficiente y el gasto público dedicado a ella es exiguo.

Un informe de la OECD, publicado recientemente, advertía de la baja calidad educativa de la primaria y la secundaria y proponía un curso 12 como remedio. Hubo una reacción apresurada del Ministerio de Educación de aceptación de la propuesta, revelando la ansiedad del Gobierno por ingresar a cualquier costo en la selecta organización. El informe fue cuestionado seriamente por Jorge Orlando Melo y otros expertos, en razón de que un año de estudio adicional con la misma mala calidad del sistema actual no soluciona nada, es costoso y atrasa a los estudiantes de los buenos colegios. Lo que sí era cierto es que el sistema educativo no contribuía a mejorar la productividad ni a igualar las oportunidades de movilidad social de la mayoría de la población frente a la minúscula élite.

Otro informe de la misma organización sobre la economía colombiana de 2010 informaba lo siguiente: “El crecimiento de la productividad ha sido muy bajo y su nivel total se compara mal con los países de la OECD y otros países emergentes. Esto ha contribuido a un aumento modesto del producto que, combinado con una de las peores distribuciones de la riqueza de la América Latina, ha dejado a una parte demasiado grande de la población en la pobreza”.

La protección del medio ambiente es mínima: la indiscriminada minería a cielo abierto y la endémica debilidad institucional hacen que Colombia también se raje en este aspecto fundamental.

La riqueza por habitante de Colombia era sólo una sexta parte del promedio de los países miembros y no alcanzaba a ser el 60% del país más pobre del grupo. Dos años más tarde, la situación ha mejorado para Colombia, pero no tanto por su progreso sino por la enorme magnitud de la crisis europea, que ha sido especialmente destructiva para las economías de Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda.

La administración Santos no la tiene fácil para entrar al selecto club de la OECD. Es que se hace muy evidente cuando un país trata de disfrazarse de desarrollado.