La viga que nos atraviesa

Allí se prevé que “la justicia militar es una justicia especializada; una ley orgánica rige su funcionamiento, su composición, su estructura y sus procedimientos” (art. 105).

Le preguntamos si no sería mejor establecer que la justicia militar sólo debe tener competencia sobre delitos cometidos por militares en relación con sus funciones, y no por civiles, y que entre esos delitos no podrían incluirse las violaciones de derechos humanos, como lo prevé el derecho internacional. Nos atendió el director general del Ministerio, quien nos dijo que el Gobierno prefería que la justicia militar no fuera un tema de discusión de la Asamblea Constituyente. Me quedó la sensación de que esa actitud reflejaba un temor reverencial hacia el Ejército.

Dos días más tarde se me reforzó esa idea cuando nos entrevistamos con el presidente de la Asamblea Constituyente, quien nos dijo que la población apreciaba mucho al Ejército, especialmente porque no se había portado agresivamente en su contra dos años atrás, en los eventos que dieron lugar al derrocamiento del dictador Ben Alí en Túnez, el 14 de enero de 2011. Por esa razón, a su juicio, podría ser visto como un desaire con las Fuerzas Militares tocar este asunto en la reforma constitucional.

Él había dirigido la Liga Tunecina de Derechos Humanos, una organización vinculada a la Comisión Internacional de Juristas, responsable de la misión de observación de la que yo hacía parte, junto con un exmagistrado español y dos abogados y dos politólogas que desde Ginebra, y en Túnez mismo, siguen con atención el proceso de este país, pionero de la Primavera Árabe. El presidente de la Asamblea destacó que “el respeto de los tratados internacionales es una obligación” (según el artículo 15), lo que incluye ante todo a los convenios de derechos humanos y derecho humanitario ratificados por el país.

Más afirmativo fue el ministro de Derechos Humanos, miembro del partido islamista, mayoritario en el Gobierno, quien se manifestó contrario a actitudes sectarias basadas en la religión, y se mostró convencido de los desarrollos internacionales sobre Estado de derecho y derechos humanos. Igual sensación nos transmitió el presidente de la Comisión Constituyente sobre la Magistratura, quien desde una posición laica compartió la propuesta de que la Constitución limitara claramente la competencia de la justicia militar.

Muchos otros temas están en discusión, como medidas para asegurar la igualdad de las mujeres, el debido proceso, la independencia de la judicatura, la abolición de la pena de muerte. Al regresar a Colombia revisé el informe de la visita efectuada a nuestro país en 1996 por el relator de Naciones Unidas sobre independencia de los jueces y abogados, quien dijo: “La jurisdicción militar es una de las razones principales de la impunidad en Colombia” (párr. 130), y dedicó casi la mitad de su informe a demostrarlo. Cuánto bien le haría a Túnez una visita del relator especial.