Por: Cartas de los lectores

Cartas de los lectores

El titular de prensa publicado por El Espectador del día primero del presente año, que contiene la afirmación indefinida “Embolatados más de 14 mil millones para obras viales en Bogotá”, pretende, de acuerdo con la percepción de los hechos por parte del comunicador, llevar al lector a una conclusión inexacta de los hechos, dando a entender que existe una indebida apropiación de recursos públicos.

Los medios de comunicación tienen un impacto determinante en la difusión de opiniones e informaciones que contribuyen a la formación de la opinión pública, especialmente sensible en materia de manejo de recursos públicos en el Distrito Capital; por ello los mensajes en este sentido deben ser claros y exactos, más aun cuando esta administración ha sido abanderada de la transparencia en el manejo de lo público.

El artículo se refiere a una auditoría realizada por la Contraloría Distrital al Sector Movilidad-IDU en el mes de noviembre de 2012 y para la fecha de publicación, el convenio 011 de 2011 se encuentra prorrogado hasta el cuatro de julio de 2013, con el fin de definir y ejecutar las obras adicionales a realizarse, pues este convenio está pactado a monto agotable y en el mes de diciembre, luego del alcance conjunto con el IDU, se determinó que contábamos con seis millones de pesos para nuevas obras.

Esta información bien podría la periodista haberla confrontado, cumpliendo con el sagrado deber de informar, y posiblemente el titular habría cambiado por “Convenios interadministrativos en Bogotá generan ahorro de 6.000 millones de pesos para diferentes localidades”.

María Gilma Gómez Sánchez. Directora general de la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

Proteger  la Policía

A la Policía hay que protegerla... ¡de los ciudadanos! Como no somos capaces de resolver directa y amigablemente nuestros conflictos comenzando por los caseros, “la policía” aparece como la solución para todos y todo quedando en el peor de los mundos: no puede atender el cúmulo de minucias con que la agobiamos y tampoco los grandes delitos cuya solución todos le reconoceríamos. A manera de ejemplo, el extravío de una tarjeta de acceso electrónico a un parqueadero residencial obliga al residente a denunciarla ante la policía como condición para que la compañía de seguridad reponga el adminículo y habilite el acceso electrónico del residente. Ello conduce al residente a ocupar a la policía de lo que no debe;  a los vigilantes, a abrirle manualmente la puerta; a la administración a esperar la denuncia ¡Viva Colombia!

Bernardo Congote. Bogotá.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.

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