Por: Augusto Trujillo Muñoz

Política agraria

Las leyes 200 de 1936, 135 de 1961 y el pacto de Chicoral, constituyen los mojones que más se destacan en la accidentada política agraria colombiana.

La primera, inspirada por Alfonso López y Darío Echandía, estableció un régimen de tierras en un país que debía modernizarse. Sin desconocer el derecho a la propiedad, estableció la explotación económica como determinante para la caracterización de los baldíos, y reconoció derechos para poseedores de tierras, arrendatarios y aparceros.

La segunda, inspirada por Carlos Lleras Restrepo, se aprobó en el gobierno de Alberto Lleras pero tuvo en el primero su más conspicuo defensor y garante. Sobre la base del principio del bien común, quiso “extender a cada vez más colombianos el ejercicio del derecho natural a la propiedad, armonizándolo con el interés social”.

El tercero fue un pacto bipartidario que le puso freno a la reforma de Lleras. Según texto escrito, hace un lustro, por el actual ministro de Trabajo, en 1962 se estimaba que casi un millón de familias campesinas laboraban la tierra y carecían de parcelas: “medio siglo más tarde, solo el 10 por ciento de ellos han recibido tierras”.

Probablemente son ya muy pocos los que se identifican con las reformas agrarias de tipo convencional y, menos aún, los que persisten en la supuesta opción revolucionaria del despojo de los derechos. En aquella los avances son insuficientes y en ésta los abusos son muchos. En cualquier caso el tema va más allá de la administración rural y la estructura de costos. Supone el amplio marco de una estrategia de desarrollo.

La política agraria integral como “determinante para impulsar la integración de las regiones y su equitativo desarrollo económico y social”, que figura en el primer punto de los diálogos de La Habana, tiene que ver con el acceso, uso y adecuación de la tierra, con el crédito, la producción y la productividad agropecuaria, con el desarrollo social y con el ordenamiento del territorio. Es decir, con toda la agenda.

Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América, con un elevado índice de concentración de riqueza. La mitad de la tierra está en manos del uno por ciento de la población y las múltiples violencias que ha padecido sirvieron para que los actores armados ilegales, de todas las tendencias, expoliaran la propiedad campesina.

En 2011 el PNUD sugirió una especie de “reforma rural transformadora”, cuyo objetivo no sea el despojo sino el uso, la restitución y la reasignación de tierras. En Colombia sólo el veinte por ciento de sus municipios son urbanos. Por lo tanto el tema rural es prioritario y tiene que ver con la organización institucional y el ordenamiento territorial. ¿Cuál es, entonces, el alcance concreto de los acuerdos que se firmen en La Habana?

*Ex senador, profesor universitario

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