Nacionalismo y educación

Nada de eso ocurre en Colombia; aquí la gente, inducida por los gobiernos, claro, no sólo se indigna sin fundamento sino que cuando tiene motivos legítimos para sentirse mal, los asume con desvergüenza. Doy los ejemplos correspondientes.

La gran mayoría de los colombianos se siente ofendida con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que desconoce la propiedad de Colombia sobre un pedazo de mar en disputa y ubicado en las costas de Nicaragua. El fallo puede ser discutido, desde luego, pero es, a todas luces, un fallo válido, a cuyo acatamiento se había sometido previa y voluntariamente el país. No obstante, la indignación nacional se mantiene.

El segundo ejemplo es éste. La semana pasada fueron publicados los resultados del prestigioso Estudio Internacional de Progreso en Comprensión de Lectura (PIRLS, para su cita en inglés). Colombia ocupa el séptimo peor lugar entre 45 países analizados, después de Azerbaiyán e Irán, entre otros. El estudio confirma lo dicho por investigaciones previas, entre ellas una de la OCDE de 2009 para estudiantes de 15 años: casi la mitad de estos jóvenes no posee la capacidad de lectura que les permitiría participar de manera productiva en la sociedad.

Al retomar estos datos, el periódico francés Libération publicó un artículo en el que dice que esos resultados son humillantes para Colombia, un país cuya capital se dice llamar “la Atenas suramericana”. Pero aquí los gobiernos, que se indignan sin fundamento, no sienten vergüenza por eso.

Y deberían sentirla. La situación de la educación básica (para no hablar de los pesares de la educación superior) es lamentable en su conjunto y es aún peor cuando se le mira por el lado de las clases sociales. En Colombia no existe una educación universal, sino una educación según la condición económica del alumno. Los niños ricos reciben una educación buena, bilingüe y elitista, mientras que los pobres obtienen una educación mediocre que va poco más allá del simple alfabetismo de la lengua materna.

Una sociedad así viola el más básico y fundamental de los derechos: la igualdad mínima de oportunidades. En Colombia los niños siguen naciendo como nacían en la Colonia, con su futuro definido de antemano. El estrato social los condena o los redime desde el momento mismo del nacimiento. El sistema educativo reproduce las clases sociales, no protege derechos, mucho menos crea desarrollo. En esas condiciones, es natural que la corrupción, el clientelismo y el narcotráfico no sólo sean vicios sociales terribles, sino también alternativas ilegales de la población para escapar a la inmovilidad social que imponen nuestras políticas públicas.

Si las élites gobernantes fueran menos parroquiales, menos egoístas, dedicarían los excedentes de la economía (los del petróleo, por ejemplo) a la mejoría sustancial de la educación pública, tal como hace algunas décadas lo hicieron algunos países del sudeste asiático. Pero lo más probable es que no hagan nada al respecto; ni siquiera que se turben al leer el artículo de Libération.

Nuestros gobernantes sólo acuden al orgullo nacional para despertar un nacionalismo de banderita (como dice Jorge Orlando Melo); un nacionalismo insolente que no sólo se indigna sin fundamento sino que, ante los defectos propios, adopta la actitud del sinvergüenza.