¿El cascabel al gato?

Esta vez su deshonrosa figuración corre por cuenta de una evidente mala práctica ambiental —una más—: botar al mar parte de un cargamento de 2.957 toneladas de carbón de una barcaza que amenazaba con hundirse (¿500, 800 mil toneladas?). Un incidente que, en abierta violación del protocolo que establece la licencia ambiental, la minera notificó tarde —cuando estalló el escándalo por la denuncia que hizo RCN-Radio— y sobre el cual ha intentado ocultar la verdad con su tradicional desprecio por el medio ambiente y un cinismo mal disimulado.

Por lo pronto, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales le suspendió temporalmente la licencia de cargue y descargue de carbón en el puerto de Santa Marta, y la Fiscalía abrió indagación preliminar para establecer si cabe una investigación penal. Algo es algo, aunque el historial de la empresa que exporta el 30% del carbón que se explota en el país justificaría medidas más drásticas —incluso la cancelación de la licencia de una vez y para siempre—, pues su historial abunda en episodios de dudosa ortografía.

Desde que la Drummond sentó sus reales en el Cesar no se ha caracterizado precisamente por cumplir con los estándares ambientales y mineros de control, disminución y compensación por el inevitable daño que causa la explotación de carbón a cielo abierto; tampoco por la transparencia en el pago de impuestos y en la liquidación de las regalías, y aun menos por ser un modelo de buen patrón y de responsabilidad social. Un cuadro clínico grave al que se suman tres demandas por supuestos nexos con paramilitares y complicidad en crímenes de sindicalistas y campesinos. No es, pues, la multinacional minera una empresa que brille por sus buenas prácticas, pero hasta ahora no ha habido gobierno que le ponga el cascabel al gato.

Por cuenta de la sobrevaloración de la inversión extranjera y de la urgencia de crecer a cualquier costo —aun a costa de la biodiversidad—, los gobiernos han sido en general complacientes y manguianchos en exceso con las multinacionales minero-energéticas (ventajas tributarias, exenciones de impuestos…), y laxos y timoratos para exigirles el cumplimiento cabal de los contratos. Por eso reitero interrogantes que he planteado en anteriores columnas: ¿El gobierno de la locomotora minera tendrá las agallas —y la voluntad— para meter en cintura a la Drummond —y otras multinacionales— que se pasan las normas por la faja? ¿Dónde está el negocio para el país si, como sostienen expertos como el economista Guillermo Rudas, el cruce de regalías vs. exenciones sólo le deja las migajas del ponqué minero? (En 2009, las regalías fueron de $1,93 billones y las exenciones de $1,75 billones) ¿Está el Gobierno dispuesto a rectificar el rumbo de la actividad que tiene el mayor impacto en la economía y el medio ambiente? Si es así, ¿está en capacidad de exigir a las empresas mineras que operen bajo las más exigentes normas internacionales para reducir al máximo el daño ambiental? ¿Tiene los recursos y las herramientas necesarias para vigilar y verificar su cumplimiento? ¿Está dispuesto a sacar del juego a la empresa que no cumpla?