Peras con manzanas (II)

Pero el estudio de José Leibovich y su equipo, lejos de permanecer en el anonimato, ha causado furor, especialmente entre los ignaros. Algunas personas, cuyo contacto con el campo no va más allá de un escritorio en la ciudad, han entrado en éxtasis y otras, que muy seguramente tienen dificultades en distinguir entre un cogollo y un repollo, afirman que el estudio de Leibovich da el ansiado respaldo académico que le permite al Estado emprender una reforma agraria radical.

El problema de los argumentos técnicamente flojos, como bien lo señala Jorge Gabriel Taboada (Dinero, enero 25/13), es que lejos de enriquecer, lo que hacen es empobrecer el debate sobre el futuro del agro colombiano que actualmente sostiene el país en el marco del proceso de paz. Adicionalmente se prestan para que columnistas cuya ignorancia supina del campo no pareciera tener límites, utilicen estas conclusiones para afirmar que la ‘seguridad alimentaria’ del país depende es de los minifundios. Colombia importa (a un costo cercano a los US$7 mil millones) cerca de nueve millones de toneladas de granos y necesitaría entre 1,8 y 2,3 millones de hectáreas para producir la soya y el maíz que el país consume anualmente. Como señalábamos en el anterior artículo: “El pretender que exclusivamente la ‘agricultura campesina’ pueda, además de mal alimentar a los 46 millones de habitantes de las urbes, reemplazar las importaciones, es una grave distorsión de la realidad”.

No obstante, el estudio de Leibovich trae algunas interesantes datos: los productores que han recibido capacitación tienen un ingreso promedio 53% superior a los que no lo han recibido; las unidades productivas pequeñas con acceso a crédito y asistencia técnica son tres veces más productivas; los productores con acceso a transporte obtienen un ingreso promedio tres veces superior al que no lo tiene; el tener asegurada la venta de sus productos, al igual que aquellos que reciben crédito, le representa al productor una diferencia del 80% en el ingreso.

En las adjudicaciones de tierra existen experiencias negativas que a toda costa se deben evitar y otras positivas que en lo posible se deben reproducir. En las negativas se encuentran aquellas en donde el Estado se limita a repartir un terreno sin brindarles a los adjudicatarios acceso a crédito, asistencia técnica, capacitación y posibilidades de colocar en el mercado su producción. Por el contrario, las experiencias positivas demuestran que cuando el Estado brinda los requisitos arriba mencionados, al igual que un acompañamiento adecuado, las posibilidades de tener éxito son mayores.

Finalmente, hay dos preguntas interesantes para hacerse: la primera es: ¿por qué, según los expertos, hay en Colombia cerca de 20 millones de hectáreas en ganadería que pueden ser dedicadas a la agricultura? La respuesta muy seguramente es que mientras el Estado no haga un esfuerzo importante en respaldar el agro, la ganadería extensiva siempre va a tender a desplazar la agricultura, indistintamente sea en grandes extensiones o en minifundios. La segunda es aquella que se hace un profesor inglés, pregunta que transcribe Rudolf Hommes en su columna (El Tiempo, enero 31/13): “¿existe un ejército infinito de campesinos capaces de montar empresas viables, aptos para tener éxito en una UAF (unidades agrícolas familiares)?”. El mismo profesor inglés afirma que no hay mucha información para responder a esa pregunta. El autor de esta nota se teme, sin embargo, que la mayoría de este ‘ejército’ ya forma parte de las huestes urbanas que bajo ningún motivo van a regresar al campo.