Pensiones: una reforma mal concebida

Una minoría de pensionados con altos ingresos que no alcanza al 2% de la población laboral sería, en su criterio, la responsable de la falta de aseguramiento para la vejez de más del 90% de la población. Como si el fenómeno del rebusque y el trabajo informal fuera consecuencia de los privilegios de una clase social asalariada presuntamente beneficiaria de los subsidios procedentes del presupuesto nacional.

La reforma pensional se construye sobre una falacia: que el trabajador formal es responsable del desamparo del trabajador informal. Lo justo para el Gobierno es que unos y otros reciban un salario mínimo de subsidio. La solución para ampliar la cobertura a más del 80% de la población en unos años, sería igualar a la baja el subsidio pensional. La falacia del Gobierno es múltiple. Toma la parte por el todo. Ciertamente son ofensivas las pensiones exorbitantes de algunos trabajadores, en especial del sector público, situación que debe corregirse cuanto antes. Pero tomar como pretexto los privilegios de pocos para dar un zarpazo a la clase trabajadora del país y acusarla de inequidad con los informales es un despropósito. ¿Por qué sería responsable el grueso de la clase media que no recibe más de tres millones de pesos al mes de la falta de cobertura pensional consecuencia de la informalidad laboral? ¿No es acaso causante del escaso trabajo formal una economía enclenque dedicada al latifundio, a la especulación financiera, al contrabando, a la explotación de materias primas, a labores poco intensivas en mano de obra calificada?

Otra falacia del proyecto pensional es descontextualizar el origen y el fundamento del sistema de prima media: la solidaridad. Cuando Colombia adoptó este sistema la idea era sencilla: el Gobierno fomentaría la parte débil de los factores de producción: el trabajo. Del 100% del salario, al término de su vida laboral el trabajador recibiría el 75% del promedio del sueldo en los últimos 10 años. Ese 75% sería costeado por el empleador y el trabajador en una tercera parte y por el subsidio estatal al empleo en la parte restante. La solidaridad era así el fundamento de una sociedad basada en el trabajo. Con la reforma pensional se completa el desmonte del Estado social ya iniciado con las reformas de flexibilización laboral, sostenibilidad fiscal y financiera (con sus exenciones a los dividendos accionarios y el desmonte de los parafiscales).

En el proyecto del Gobierno el subsidio al capital reemplaza el subsidio al trabajo. Antes de la reforma, un trabajador que ganara tres millones de pesos al mes por diez años recibiría de pensión 2’250.000 pesos; luego de la reforma, sólo 1’250.000 pesos aproximadamente. Si ese trabajador hubiere ahorrado en la compra de vivienda, habría pagado 15 años altos intereses a los bancos, los mismos que ahora recibirán el ahorro pensional para luego financiar el gasto público y seguir especulando. El Gobierno retrocede así en la protección del derecho a la pensión. Acobardado por el chantaje de los financistas nacionales y extranjeros, enarbola la equidad y la justicia para desmontar el Estado social de derecho. En tiempos de crecimiento económico una política de Robin Hood invertido —que quita recursos a los futuros pensionados para trasladarlos a un sector financiero desregularizado— no es, por fortuna, constitucionalmente admisible.