La prueba ácida

Sus causas eran sencillas, como lo es la gente que representaban: enseñar la no violencia, mejorar las condiciones laborales de los mineros, preservar la autonomía indígena, recuperar la tierra que les usurpó la anterior generación de violentos, proteger el medio ambiente, promover actividades culturales en su barrio, como el hip hop, mejorar los servicios desde la junta comunal o impulsar un movimiento político renovador. No se salvaron los jóvenes porque a nueve los acribillaron, y 65 salieron amenazados de un solo barrio; ni las mujeres, pues a seis les dieron pena de muerte.

Son pocos los casos en que a las víctimas las atacaron porque se enfrentaron directamente con criminales. Algunos dirigentes comunales denunciaron negocios de microtráfico de drogas. Los demás estaban realizando actividades sociales corrientes, nada que en un país normal le cueste la vida a una persona.

El informe que revela estas cifras fue elaborado por el sofisticado sistema que montó la organización sin ánimo de lucro Somos Defensores y que se alimenta con la información que le envían casi 500 entidades de la sociedad civil. Resalta que los asesinatos son apenas la cresta que sobresale de la creciente ola de amenazas, ataques e intimidaciones que padecieron el año pasado los defensores de los diversos derechos humanos que tiene Colombia. Hubo 357 ataques documentados, casi un 50% más que en 2011.

Es verdad que una comunidad mejor organizada denuncia más, pero también que la valentía tiene su límite. A 50 de los paladines sociales les hicieron algún tipo de atentado y a 202 les llovieron amenazas: llamadas intimidantes por teléfono, panfletos, correos electrónicos y advertencias personales, algunas apuntalando el miedo con un fusil. Los que así intimidan no son sólo criminales comunes. Silencian con intención política a voceros de la gente.

El Gobierno ha hecho esfuerzos. Ha mejorado la cantidad y la calidad de la protección individual de personas en riesgo que cumplen tareas esenciales para la democracia, y para conseguirlo gastó US$100 millones. En total protegió a 3.671 ciudadanos. Pero hizo poco para proteger en forma colectiva a las 120 organizaciones que denunciaron hostigamientos a lo largo del año. Asimismo, el Ministerio del Interior sacó decretos, perfeccionó protocolos e hizo talleres para trazar planes de prevención y gastó $1.200 millones en ello. Pero no logró que las entidades territoriales concretaran sus propias estrategias de prevención del riesgo y, menos aún, que las pusieran en práctica.

Los funcionarios civiles van hasta donde pueden. Sucede, sin embargo, que aunque se sepa quién amenaza al líder de tierras o al sindicalista, en lugar de ponerle toda la presión posible al victimario conocido, la de la Fuerza Pública y la del poder político central para que alcaldes, fiscales y jueces actúen, lo que hace el Gobierno es mandarle a la víctima un celular, un chaleco antibalas y ponerle un escolta. La protección física ayuda, pero debería ser temporal, mientras entran en acción los poderes reales, pero hoy es la única protección.

Los defensores de los derechos de la gente son la prueba ácida que indica el grado de libertad en una democracia. Ellos son los valientes que desarmados enfrentan todo tipo de intereses mezquinos, y cuando éstos están fuera de control y hay un gobierno que, complacido con sus propias reformas de escritorio, no los enfrenta, empiezan a caer uno tras otro.