Notas sobre el control de legalidad de alias "El Tigre": El Caso Wayúu

“El Tigre” se desempeñó principalmente como patrullero y comandante de escuadra de algunos de los grupos del Frente Contrainsurgencia Wayúu del Bloque Norte de las AUC, desde el l4 de abril de 2002 hasta el 5 de mayo de 2005. Recuérdese que dicho Frente estaba adscrito al Bloque Norte de las AUC comandado por el temible Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.

Pero ¿Por qué una providencia en contra de un simple patrullero de las AUC merece especial atención? Esta legalización de cargos (i) es la primera de su género proferida por una Sala de Justicia y Paz distinta a la de Bogotá, en este caso, la del Tribunal Superior de Barranquilla; (ii) representa un buen ejercicio judicial de contribución a la verdad; (iii) reseñó, de manera más o menos detallada, la persecución y violencia en contra del pueblo Wayúu; (iv) se pronunció respecto de una gran variedad de delitos; (v) declaró los delitos cometidos por el procesado como crímenes de guerra y de lesa humanidad, simultáneamente; (vi) instó a la Fiscalía a investigar y documentar la influencia de las AUC en relación con los certámenes de participación democrática; y, finalmente, (vii) da lugar a que fundadamente esperemos una macro sentencia en este caso.

Hasta la fecha, todas las 18 legalizaciones de cargos de Justicia y Paz han sido expedidas por el Tribunal Superior de Bogotá, excepto la proferida en contra del “Tigre”, de la Sala de Barranquilla.

Recuérdese que aproximadamente hace dos años se crearon las Salas de Justicia y Paz de Medellín y Barranquilla: pues bien, hubo de transcurrir todo este tiempo para tener la primera legalización expedida por un Tribunal distinto al de Bogotá ¡Ojalá pronto tengamos noticias sobre legalizaciones de la Sala de Medellín y se expidan otras tantas por la Sala de Barranquilla!

La legalización de cargos en contra del “Tigre” sin lugar a dudas representa un buen ejercicio de contribución a la verdad sobre lo que realmente ocurrió en relación con el conflicto armado en las zonas de influencia del Bloque Norte de las AUC, particularmente en las zonas de la Alta y la Media Guajira. En efecto, además de referir el origen y la estructura del Bloque Norte, sus patrones de conducta y fuentes de financiación, se presentó un completo recuento de la historia y geo referenciación del accionar de las AUC en la Guajira.

Particularmente, la legalización de cargos reseñó la persecución y la violencia de que fueron víctimas los integrantes del pueblo Wayúu. Al respecto, el Tribunal partió de la caracterización de dicho pueblo indígena, su ubicación geográfica y cultural, usos y costumbres, fuentes de subsistencia, la afectación de sus estructuras sociales y económicas a partir de fenómenos sociales tales como el contrabando y los cultivos ilícitos y el accionar de los grupos armados ilegales en su contra, particularmente, de las AUC.
En cuarto lugar, es preciso resaltar que sólo se legalizaron cargos agrupados en 12 hechos genéricos contentivos de cerca de un centenar de delitos tales como homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, actos de terrorismo, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, desaparición y desplazamiento forzados, secuestro simple y extorsivo, entre otros. Sin embargo, tal como lo reconoció el propio Tribunal, se habría podido documentar otro tipo de delitos como abuso sexual y otros casos de falsos positivos.

Tanto en la parte motiva como resolutiva, la legalización refiere que varios de los anteriores delitos se cometieron como parte de ataques generalizados o sistemáticos en contra de la población civil, que implicaron actos inhumanos, y tenían móviles discriminatorios. En consecuencia, el Tribunal Superior de Barranquilla no duda en declarar abiertamente que constituyeron simultáneamente delitos de guerra y de lesa humanidad. Sobre este particular, dicha legalización reitera automáticamente los planteamientos esbozados por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 21 de septiembre de 2009 sobre la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Tal como se demostrará en una futura columna, los planteamientos elaborados por la Corte en tal precedente son “confusos y equívocos”.

De otra parte, en la legalización de cargos en contra del “Tigre”, el Tribunal Superior instó a la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz para que investigue y documente un fenómeno “del que todos hablan pero poco se sabe”: la influencia de las AUC en los certámenes democráticos, es decir, la comisión de delitos contra los mecanismos de participación democrática. Con toda seguridad, una investigación sobre tan particular fenómeno delictivo arrojará muchas luces sobre las relaciones y vínculos entre las AUC y las autoridades políticas locales, departamentales y nacionales.

Por último, esta legalización de cargos sirve de base o fundamento para inferir que al cabo del proceso se proferirá una macro-sentencia que de cierta manera defina y devele los patrones de macro criminalidad en relación con las múltiples violaciones de las que fue víctima la población Wayúu. Una providencia de tal naturaleza sería un buen ejemplo de macro-sentencia “temática”, es decir en atención al tema, - en este caso, las violaciones en contra de los Wayúu-, que no puramente en atención al rango del postulado o su rol dentro de la organización.

Es preciso resaltar que, además de contribuir a la verdad judicial, una macro-sentencia como la descrita permitirá que en adelante se profieran sentencias anticipadas para los miembros de tales grupos, hipótesis contemplada en la reciente reforma a la Ley de Justicia y Paz, en aras de conseguir agilidad y eficiencia procesales.

En Twitter: @andreasforer