Por: Armando Montenegro

El gasto del gasto social

Las pensiones de los magistrados y parlamentarios, por montos incluso superiores a $20 millones mensuales, de acuerdo con las definiciones vigentes en Colombia, hacen parte de los gastos sociales y, como tales, deberían ser protegidos.

Éste ha sido uno de los argumentos de los defensores de estos privilegios.
El consumo de recursos en programas que no producen resultados favorables para los pobres —gran parte de la educación pública, por ejemplo— también tiene la categoría de gasto social. A pesar de que, una y otra vez, los exámenes nacionales e internacionales muestran que los niños asisten a las escuelas colombianas durante ocho y diez años y, al final, no saben leer y no pueden realizar las operaciones matemáticas más elementales, los costos en que se incurre para producir este desperdicio, según las normas, son meritorios para la sociedad. No se exige que la calidad de la educación sea elevada y que contribuya a mejorar las perspectivas de vida de los más pobres.

Aumentar el gasto social, sin ninguna precisión sobre su contenido y su calidad, hace parte del discurso de muchas personas que se proclaman dotadas de sensibilidad social. La Constitución de 1991, con las mejores intenciones, protege únicamente el monto del gasto social. Nada dice de los resultados exigidos de dicho gasto.

Lo increíble es que algunos de estos gastos van en contra de los mismos principios de la Constitución. Las pensiones extravagantes de magistrados y parlamentarios desmejoran la distribución del ingreso. Y los gastos que sostienen a un sistema escolar que no educa, que garantiza que se mantenga una enorme brecha educativa entre los pobres y los ricos, son contrarios a los intereses de los grupos más necesitados.

Desde hace varias décadas, a partir de los trabajos de Marcelo Selowsky en 1979, se ha comprobado, una y otra vez, que muchos de los subsidios que hacen parte del gasto público social no llegan a los pobres. Se concentran en las clases medias y medias altas. Y numerosos analistas han señalado, por esta razón, que después del gran aumento del denominado gasto social luego de la Constitución de 1991, se incrementó la desigualdad y la reducción de la pobreza no fue proporcional al gran volumen de los recursos invertidos.

El gasto en educación pública primaria sí llega a los más pobres, pero con una calidad ínfima. En la práctica, en contra de lo que pudiera pensarse, esos gastos garantizan que los hijos de los pobres sigan siendo pobres (¿de qué le sirve a un niño pobre estudiar durante varios años, si, al final, como lo muestran las pruebas PISA, es un analfabeto funcional?). Por esta razón, las ineficientes instituciones que capturan buena parte del gasto social reproducen las grandes diferencias sociales en Colombia.

La discusión sobre la calidad y los resultados del gasto social están ausentes del debate público. Para llenar este vacío, por fortuna, se han presentado propuestas y sugerencias que insisten, además, en la necesidad de establecer un sistema de evaluación que muestre cuáles son los aciertos y cuáles son los programas sociales que no sirven para mejorar las perspectivas de los más pobres (CEDE, documento 09, Gasto público y movilidad y equidad social, Andrés Escobar y Mauricio Olivera). El camino hacia la equidad exige que el gasto social no sea sólo un gasto más del presupuesto.

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