¿Qué pasa con la justicia?

En Colombia, esto se expresa en las facultades del Congreso para aprobar mociones de censura contra ministros o para juzgar al Presidente de la República; en la función de juzgamiento de la Corte Suprema a los congresistas; en la nominación de los candidatos a Procurador por ésta última, el Consejo de Estado y el Presidente y a su elección por el Senado; en la conformación de la terna para Fiscal General por el jefe de estado y su elección por la Corte Suprema de Justicia, y en la elección del Contralor por el Congreso en pleno, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, entre otros.

Estas normas quedaron establecidas en la Constitución de 1991, pero por diferentes razones su alcance no ha sido el esperado.  Entre ellas están la falencias del diseño institucional, como se evidenció hace unos meses con la elección del Defensor del Pueblo y más recientemente con la del Procurador;  la prevalencia de prácticas políticas, como por ejemplo el clientelismo, que interfiere con la selección por mérito de funcionarios y se traduce en el intercambio de nombramientos entre nominadores, electores y elegidos;  características inherentes al sistema político, como el fuerte presidencialismo -que limita los alcances y la eficacia del control político por parte del legislativo-, la debilidad de los partidos políticos y el marcado personalismo en la actividad política; y el cambio de las leyes y las reglas de juego sobre la marcha y en ocasiones en beneficio propio, sin prever los efectos sobre la institucionalidad y el equilibrio de poderes, como sucedió con la aprobación de la reelección presidencial.

La tenue distancia entre quienes vigilan y quienes son vigilados y en ocasiones la connivencia entre ellos, así como la dependencia de los funcionarios del estado frente a poderes políticos y económicos, legales e ilegales, que limitan su independencia y ejercen incidencia indebida en sus actuaciones, es particularmente grave si se trata de los encargados de impartir justicia y de ejercer control.  Cuando la ciudadanía cuestiona la legitimidad de sus decisiones por supuestas o reales influencias de sectores poderosos, cuando percibe que los jueces son objeto de presiones internas o externas, o cuando se pone en duda la integridad de sus actuaciones, se resquebraja uno de los pilares de la democracia.  Si bien no se puede generalizar, y tampoco es un fenómeno nuevo, en los últimos meses sí se han presentado hechos que aumentan malestar frente al comportamiento de algunos jueces, magistrados y funcionarios de los órganos de control y del ministerio público.    La fallida reforma a la justicia, el “carrusel” de las pensiones y de los nombramientos y la dilación de los tiempos exigidos para hacer dejación de los cargos o para tomar decisiones judiciales, el nombramiento, son solo algunos ejemplos que deben prender todas las alarmas.