Hambre cero en el campo

El 80% de pobreza en las zonas rurales del país hace legítimos sus reclamos. Colombia no saldó en 1991 la enorme deuda histórica que tiene con el campesinado, y lo hizo a medias, muy a medias, con las comunidades indígenas y afrocolombianas. Hacer justicia social para desterrar la pobreza y la iniquidad en el campo colombiano es algo que debería ocupar al país entero en la próxima década, para así sepultar en el pasado un conflicto que nos ha desangrado y empobrecido tanto cultural como materialmente.

Valga decir que el tono, las aspiraciones y las propuestas de los alzados en armas son mesurados y razonables, lo que llena de esperanza al proceso. Si bien en el decálogo se incluyen cantidad de demandas abigarradas, acompañadas de obligaciones propias de estados serios y desarrollados aun por construir en la anomia rural, existe en las propuestas un norte claro: resulta a todas luces inaceptable que viviendo en el paraíso natural que es Colombia tengamos compatriotas sufriendo de hambre, desnutrición y falta de oportunidades reales como consecuencia de la injusticia que impera en las amplias zonas rurales del país. “Hambre cero, desnutrición cero” en los campos, debiera ser un objetivo prioritario de la nación entera. El cómo y a qué ritmo serían preguntas complejas a ir resolviendo en la fase de consolidación de la paz, más cuando dependen de diversos factores asociados al desarrollo general de la economía del país. No obstante, la condición sine qua non de los subversivos también es perfectamente defendible: la combinación de incentivos y asistencialismo debe apuntar a mediano plazo a la autonomía personal y colectiva, a la autosuficiencia, independencia y soberanía (no sólo alimentaria) de los habitantes del campo, en particular respecto a su relación con poderes nacionales y extranjeros con intereses en las regiones.

La historia y la política comparada muestran que las demandas de revolucionarios del siglo XXI no divergen en mucho de las elevadas por el campesinado explotado o empobrecido de los siglos XVII y XVIII. Una gran reforma tributaria para los campos, que haga justicia a los pequeños propietarios y permita el aumento en el cubrimiento y la calidad educativa y el surgimiento de múltiples polos de desarrollo agrícola en torno a nuevos pueblos bien planificados en regiones autónomas con funcionarios comprometidos y competentes, es indispensable. Mientras ello se logra, una idea simple y concreta podría ser el inicio de la solución al problema de la distribución de la tierra y la producción de alimentos con estándares de calidad: “Hambre cero, desnutrición cero” podría exigir la entrega de unidades agrícolas familiares con apoyo estatal integral para la producción alimentaria suficiente para asegurar el objetivo. La responsabilidad en la ejecución del programa estaría en cabeza tanto del poder central como de las autoridades regionales que sean electas al aplicar el sistema de participación política pactado en la mesa de negociaciones. Ni la guerrilla se salvaría de sus responsabilidades con el programa “Hambre cero, desnutrición cero” cuando asuman funciones como protectores del campo, ya no con las armas sino con las leyes.