Por: Jorge Iván Cuervo R.

El negacionismo de Nieto Loaiza

Cuando se supo que Rafael Nieto Loaiza era el defensor del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Santo Domingo y Palacio de Justicia, se sabía que Colombia tenía altas probabilidades de perder ambos casos - como ya sucedió en el primero -, y además de perderlos de manera indigna.

Y no porque Nieto Loaiza no fuese un profesional competente – aunque sus argumentos técnicos en estos casos dejan mucho que desear -, sino porque el fundamento de su defensa sería de naturaleza ideológica y orientado por la idea, según la cual, la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de derechos humanos es una pieza más de la guerra jurídica que se adelanta contra la Fuerza Pública y, en esa medida, más que un defensor del Estado, su papel hay que entenderlo como un vocero del estamento militar.

Negar que hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia desconociendo decisiones de tribunales internos, apunta a seguir negando la responsabilidad del Ejército en los abusos que se cometieron en el operativo de recuperación, que incluye también torturas y homicidios de civiles inermes, tal y cómo sucedió con el magistrado Urán, sobre quien hay evidencia de haber salido con vida del Palacio y posteriormente hallado muerto entre los escombros.

Por supuesto que hay que decirlo y volverlo a decir: la responsabilidad principal de la toma de Palacio de Justicia y de muchos de los crímenes que allí se cometieron corresponde al M-19, que en un acto demencial expuso a población civil a una reacción excesiva de la Fuerza Pública en circunstancias que hacían previsible un desenlace de esta naturaleza, en el contexto de un gobierno debilitado, el de Belisario Betancur, que fue incapaz de una adecuada conducción política del operativo.

Pero también hay que decir que la respuesta del Ejército no se hizo con el respeto del llamado derecho de gentes, el equivalente al derecho internacional humanitario en la Constitución anterior, y que el operativo no tuvo como principal objetivo preservar la vida de los rehenes, con las consecuencias conocidas.
No basta que se cometan graves violaciones a los derechos humanos para que un Estado sea responsable en un tribunal internacional, a ese hecho se tienen que sumar años de impunidad, por eso en ese escenario generalmente los Estados son condenados. Colombia, en el caso del Palacio, tiene para mostrar importantes sentencias del Consejo de Estado, algunas sanciones disciplinarias e incluso condenas penales, como en el caso de Plazas Vega y Arias Cabrales, pero el Ministerio de Defensa no permitirá que esa sea la estrategia de defensa porque es un punto de honor no aceptar responsabilidad en estos hechos. Nieto es sólo el vocero de ese sentimiento.

Su defensa se inspira en la doctrina negacionista – conducta sancionada penalmente en Alemania y Francia respecto del Holocausto judío - y constituye una contradicción a la manera como el presidente Santos ha enfrentado el tema de la reparación a las víctimas.

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