Opinión |21 Feb 2013 - 11:00 pm
Ministerio de las regiones
Por: Augusto Trujillo Muñoz
El ministro del Interior escribió, en el Tiempo del domingo 17 de este mes, un artículo en el cual consigna que su despacho es el ministerio de las regiones.
Según el alto funcionario los malquerientes del gobierno suelen inventar que éste viene dando pasos recentralizadores. Nada más lejos de la realidad. La recentralización ni siquiera nació en este gobierno. La hubo en gobiernos anteriores. Es más: se promueve o respalda también en las otras ramas del poder público. La votan en el Congreso los voceros de las regiones ante la mirada impasible o, si se quiere, la conformidad de las mismas autoridades territoriales.
Para mostrarlo basta comparar la ley 60/93 con la 715/01 y con la 1176/07; la 136/94 con la 617/00 y con la 1551/12; incluso la 42/93 con el decreto-ley 267/00 sobre control fiscal. Basta examinar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para descubrir que se limita a repetir el texto constitucional sobre regionalización, y a enredar la viabilidad del escenario dibujado en la carta política para la provincia.
El martes 19 dijo el ministro a El Espectador que el gobierno piensa revivir un proyecto sobre régimen departamental, enterrado el año pasado en el Congreso. El proyecto llegaba al extremo de cambiar el término descentralización por el de delegación. Para descentralizar, el gobierno debe comenzar por casa: primero, superar cierta tensión que subyace entre los funcionarios de los ministerios de Hacienda y del Interior que, en ese tema, miran hacia lados opuestos; luego remover la cultura centralista –y anquilosada- que existe en el Departamento Nacional de Planeación. Nada de eso es invento de la oposición, la cual por cierto, también es responsable del fenómeno recentralizador.
Pero además los poderes centrales carecen de interés por avanzar hacia la autonomía política que se reconoce como derecho de las entidades territoriales en la Constitución del 91. Algunos de los textos legales mencionados han sido objeto de demandas basadas en el desarrollo legal restrictivo de normas superiores progresistas que, sin embargo, resultaron exequibles en la Corte Constitucional. Eso no lo hace el gobierno, pero también se inscribe dentro del proceso de recentralización.
Hay una afirmación del ministro que merece comentario especial: “La regionalización es una herramienta insustituible para la descentralización”. Si así fuera ¿por qué, desde el 91 hasta hoy, no existe un sólo avance normativo sobre el tema? Los pocos que, en los hechos, han propiciado las regiones encontraron siempre desaprobación del alto gobierno. De éste y de los anteriores. Vale la pena establecer, entonces, el alcance que el actual ministro le da a las palabras que empleó en su artículo de prensa.
La regionalización está constitucionalmente diseñada como un proceso autonómico, no sólo descentralizador. Tiene naturaleza política. La descentralización es administrativa y la autonomía que se dibuja en los artículos 1º, 306 y 307 de la Carta es de carácter político. Sólo cuando eso se tenga claro en el poder central –o si ya se tiene, se le pierda el miedo- el país podrá frenar su rumbo hacia la recentralización.
*Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net
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