La mermelada: ¿hay algo mejor?

La división del poder plantea la necesidad de que el Ejecutivo tenga relaciones estrechas con el Legislativo; lo mismo ocurre en los niveles locales. Teóricamente, las transacciones imponen controles al poder del Ejecutivo y les otorgan participación en las grandes decisiones a las visiones divergentes. El presidente o el alcalde  representan sólo a la mayoría; en cambio, en las cámaras colegiadas está representada diversidad de intereses. Las negociaciones deberían enriquecer los proyectos.

Si la cuestión es difícil en la teoría, empeora mucho en la práctica. Es evidente que el Gobierno necesita la aprobación de sus proyectos para realizar el proyecto que lo ha conducido hacia el poder. La primera opción es la persuasión retórica. Lo ideal serían los consensos; sin embargo la esencia misma de la política es la diferencia de las recetas capaces de conducirnos al bienestar social. Si los miembros de las cámaras son consistentes con sus principios y éstos difieren de los del gobernante, en principio el acuerdo será casi imposible. Sin descartarlo, pues es probable que existan casos donde se alcance. La reflexión más interesante resulta cuando la divergencia subsiste y el Gobierno no tiene las mayorías para aprobar su proyecto. No es claro cómo o con qué debería transar. El lenguaje de la negociación es confuso.

Un gobierno puede no transar con los cuerpos colegiados, y dejar pasar el tiempo sin lograr ejecuciones importantes. Algunos miembros de aquellos, los menos agalludos, optan por pedir obras para sus regiones; de manera que el presupuesto  al final es un mecanismo para transar los proyectos del Gobierno que no son de concreto.

En Colombia se negocia con cuotas de poder: puestos. Filosóficamente podemos sostener que un grupo político puede apoyar un gobierno en el que empieza a tener burocracia, pues puede así cumplir con parte de las encomiendas de sus electores. Sin embargo, muchas veces esos puestos son  el interés primario de los electores. Muchos votan esperando que haya un nombramiento, y que con éste se produzcan otros, o contratos o dinero que lleguen de manera directa a los electores que venden su voto.

El político ya no es representante de unas ideas; su misión no es buscar mejores propuestas para el país o la región, sino obtener la mayor cantidad de representación política. La calidad del interés del elector determina el tipo de congresista que será elegido: cuando los electores quieren la defensa de unas ideas, los congresistas pueden ser idealistas y luchar por ellas; cuando lo que quieren son puestos o plata, el congresista será un negociante interesado sólo en eso. Entre más general sea el interés de los electores, parecería que mejores congresistas serían capaces de escoger. Pero para que los intereses ciudadanos sean los generales, es necesario que el Estado no necesite de intermediarios y que las necesidades básicas de los ciudadanos estén satisfechas. Y para eso, precisamente, se necesitarían buenos cabildantes. ¿Estaremos condenados siempre a la democracia de los puestos?