El tiempo perdido

Los homicidios comenzaron a bajar apenas una semana después del esbozo de algunos acuerdos mirados con sospecha y esperanza desde las oficinas públicas. Es triste decirlo pero en Medellín el Estado cuenta las víctimas y los capos deciden si las cifras mejoran y podemos hablar de esperanza, o si se debe acudir a las frases negras de siempre. Mientras en Bogotá se habla de las riñas y la intolerancia como principal causa de homicidio, una ciudad con el problema de los borrachos de puñal, Medellín sufre con los altos y los bajos de una industria criminal, incubada por los narcos, que luego de cerca de 25 años ha tendido un manto social y geográfico propio.

Esa realidad desborda siempre las administraciones locales. En muchos barrios el Ejército y la Policía son requeridos y repudiados al mismo tiempo; se clama por su presencia pero se desconfía profundamente de sus acciones, y no pocas veces se toma partido por los “muchachos” perseguidos. La lógica compleja que implica un poder mafioso donde se mezclan relaciones familiares, política menor, acceso a recursos públicos, monopolio de negocios legales e ilegales, parece imposible de resolver desde los escritorios. El camino más fácil es la negación de los problemas seguida de una triste resignación. Muy pronto el alcalde Aníbal Gaviria parece haber tomado esa vía. Sus silencios, sus énfasis para cubrir los males con los telones del espectáculo no sólo le hacen daño a su imagen. Medellín está parada desde hace mucho sobre un inestable equilibrio, y la administración debe mover sus cargas todos los días para evitar desastres mayores. Aquí el liderazgo en los temas de seguridad no es una virtud sino una obligación.

Muchas veces, durante la administración anterior, Alonso Salazar fue criticado por dedicar casi todo su tiempo a enfrentar el poder de los jefes armados en la ciudad. Para muchos, Salazar confundía el papel del alcalde con el del secretario de Gobierno o el de comandante de Policía. Ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene enfrentar ese poder desde la cabeza de la administración: señalarlo, hacerlo visible para todos los ciudadanos y no sólo para los organigramas de la Dijín.

En los últimos diez años se han dado diversos debates sobre la manera de enfrentar la criminalidad en la ciudad: la operación Orión, la sospecha de la “don bernabilidad” que incluía un proceso con el Estado central, la persecución directa desde La Alpujarra, la búsqueda de unos pactos de apaciguamiento. Hoy el debate se ha convertido en un reclamo: la obligación de tomar decisiones distintas a la creación de una fantasmal secretaría de seguridad. La administración ha cedido la iniciativa en el combate y en el análisis de lo que pasa en la ciudad. Los pillos mandan en la acción y las ONG hacen el diagnóstico. Mientras tanto, el alcalde habla de una consejería para las comunas. Todo me recuerda a los tiempos de Belisario, cuando esta historia comenzaba.