Los pecados de la Iglesia

En especial, la democratización y la apertura, el acercamiento a los laicos y el compromiso con la justicia social no se han materializado. Tal vez por ello la Iglesia se encuentra dividida entre un ala conservadora que se aferra al poder en el Vaticano y un sector reformista desilusionado con el dogmatismo que se ha impuesto dentro de la institución.

El empecinamiento en mantener la prohibición del sacerdocio de las mujeres, de la ordenación de los hombres casados y de los homosexuales, del uso de anticonceptivos y de la comunión para los divorciados, entre otras, también la ha distanciado de sus propios feligreses. La vehemencia con la que el papa saliente, Benedicto XVI, ha combatido los vientos de cambio se ilustra bien con un pronunciamiento reciente sobre el Leadership Council of Women Religious, que agrupa al 80% de las monjas estadounidenses: lo acusó de practicar “perspectivas feministas radicales” y de violar las enseñanzas de la Iglesia sobre el homosexualismo, la ordenación de las mujeres y el aborto.

Más grave aún, el catolicismo atraviesa una profunda crisis de legitimidad provocada por sucesivos episodios de corrupción y abuso sexual. Si bien los escándalos financieros son tan antiguos como la Iglesia, en 2012 las revelaciones de los “vatileaks”, en combinación con la identificación de la ciudad del Vaticano por parte de Estados Unidos como posible centro de lavado de dinero para actividades criminales asociadas al narcotráfico, resaltaron el carácter endémico de la corrupción.

La magnitud de estas acusaciones obligó a la Santa Sede, que típicamente ha negado su responsabilidad en cualquier acto ilegal, a comprometerse con el respeto por el derecho internacional bancario para impedir el lavado de dinero, la financiación de organizaciones terroristas y la evasión de impuestos. Sin embargo, el Consejo Europeo dictaminó recientemente que pese a las buenas intenciones de Benedicto XVI, la Ciudad del Vaticano no cumple con los requisitos necesarios para estar en la “lista blanca” de países que cumplen con las reglas de juego existentes.

Algo similar ocurre con el abuso de menores, cuyo manejo ha evidenciado una combinación de indiferencia y esfuerzos sistemáticos por ocultar dichos crímenes. A su favor, el papa publicó en 2010 unas “nuevas normas” que extienden la jurisdicción temporal de la Santa Sede para juzgar casos pasados de abuso, lo cual es importante si se considera que en países como Estados Unidos la mayoría se presentaron entre los años 60 y los 80. Sin embargo, al no establecer la obligación de reportar a los abusadores a las autoridades civiles estas normas perpetúan el statu quo. Entre las razones que llevaron a la renuncia de Benedicto también se especula que hay otro escándalo sexual que involucra a una red de sacerdotes homosexuales dentro del Vaticano que está siendo sobornada por prostitutas de Roma.

Por más cáustico que suene, en cualquier otro lugar del mundo, un Estado anacrónico, corrupto, pedófilo, sexista, autoritario y sordo ante los reclamos de sus “ciudadanos” sería tildado de “canalla” (en inglés, rogue state). ¿Por qué los pecados de la Iglesia católica en Ciudad del Vaticano deben tratarse de otro modo?