Opinión |27 Feb 2013 - 11:00 pm
Armas y leyes
Por: Rodolfo Arango
Fue el prócer de la independencia Francisco de Paula Santander quien hiciera célebre la máxima “Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”.
Casi doscientos años después, ninguna de las dos promesas se ha cumplido. Las armas de los señores de la guerra, legales o ilegales, en veces se tornan mercenarias, falsamente positivas y asesinas, desafiando el sentido común y ahondando la espiral de la violencia. El último dislate de los armados es la práctica del negacionismo: las Farc no usurparon tierras, los militares en la retoma del Palacio no desaparecieron personas. Afirmaciones contraevidentes. Los jefes armados, embrutecidos por el dolor de la guerra, pretenden tapar el sol con un dedo. Unos y otros se cubren de deshonra y sepultan una efímera independencia bajo la bandera de la mentira. Ya vendrán las condenas internacionales contra el Estado colombiano, debiendo pagar todos nosotros, ciudadanas y ciudadanos no independientes ni libres, los desmanes de sus reales o pretendidos representantes. Con sus triquiñuelas para evadir sus responsabilidades históricas y actuales frente a las víctimas, los armados dan triste testimonio de ausente cultura política y romo entendimiento de lo que significa vivir en una república.
Para ser francos, la educación política del país es tan precaria que mandos oficiales y guerrilleros exhiben una pobre concepción de las leyes. Para los primeros, éstas son estorbos, obstáculos y limitantes, cuando se trata de alcanzar sus objetivos estratégicos; para los segundos, el derecho es instrumento de dominación. En unos y otros está ausente la sabiduría de Santander, para quien sólo las leyes hacen libres a los pueblos porque son ellas las que los salvan de la arbitrariedad de los poderosos e igualan a todos bajo sus dictados, suprimiendo diferencias de rango y origen. Al desolador panorama vienen a sumarse magistrados y organismos de control, militantes y cooptados, que defienden intereses personales por encima del interés común, tornando la corrupción en regla generalizada.
Por fortuna, la precaria cultura política empieza a ceder al hacerse cada día más notorio el descontento de la sociedad civil con los responsables de la debacle política y humanitaria. La indignación contra los señores de la guerra y sus desmanes va en aumento. Bien sea en las manifestaciones de protesta contra la injusticia o en el crecimiento de las redes sociales que denuncian cómo la sal ya no sala, las multitudes se aprestan a ir por lo suyo en las urnas y a hacer valer las responsabilidades. El valor civil de personas con la prestancia y autoridad moral del representante a la Cámara Germán Navas Talero es digno de emular en estas aciagas circunstantes de temor y temblor frente a la desfachatez organizada y al silencio cómplice de encumbrados funcionarios.
Luz de esperanza en estos difíciles momentos de lacerante negacionismo por tirios y troyanos que se ensaña con el dolor y el sufrimiento de las víctimas de la vorágine armada es la existencia de procedimientos legales para denunciar la corrupción extendida, sin caer con ello en la calumnia y la injuria. El uso público y fundamentado de la razón, sea escrito o gráfico, en cabeza del periodismo investigativo independiente, permiten a una juventud defensora de la vida y hastiada de la manipulación y el engaño movilizarse por los canales legales en pos de la traicionada promesa de libertad. Sólo el paso del tiempo permitirá que los actores de esta truculenta trama terminen por enfrentar su destino y asuman ante instancias mayores la cuota de responsabilidad que les cabe por desoír a los libertadores.
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