El laberinto del coronel

Lástima que Plinio, tan agudo cuando agrede a quienes considera “mamertos”, no le hubiese contra preguntado nada a su entrevistado, ni en relación con esa respuesta ni con las demás, como estaba en la obligación periodística de hacerlo.

En la precaria dialéctica de Plazas no hay espacio para admitir las opiniones ajenas, pues todo aquel que piense diferente a él o a su defensor es un criminal, o sospechoso. Su alegato para descalificar a los magistrados del Tribunal de Bogotá que le impusieron condena en segunda instancia es francamente deplorable. Según el oficial encarcelado, como uno de los magistrados en el pasado aspiró a ser concejal de Neiva y luego congresista, por una coalición política de la que hacía parte el Polo Democrático, estaba impedido para ser uno de sus jueces. A Plazas le parece que Polo Democrático, M 19 y Partido Comunista son una misma cosa, y lo que es peor, que entre todos ellos han integrado una alianza para condenarlo, a la que se habría sumado la mafia que supuestamente lo persigue por haber sido un flojo director de Estupefacientes. Eso sí, guardó prudente silencio sobre el hecho inocultable de que entre los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que tienen el encargo de resolver su recurso de casación, esté Fernando Castro, exdecano de la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, entre otros oficios memorables.

Lo cierto es que hay evidencias que comprometen a Plazas Vega, que él pretende destruir en los medios de comunicación, pero que en los estrados judiciales siguen teniendo fuerza. Para no ir muy lejos, no es cierto que la condena en su contra se haya impuesto con el dicho de un único testigo, Édgar Villamizar, ni tampoco es verdad que éste haya sido suplantado. Menos se le ocurrió a Plinio preguntarle a su contertulio que explicara el por qué en una inspección judicial realizada en una brigada, apareció un informe del 11 de noviembre de 1985 sobre la operación, que si bien no está firmado por Plazas, sí tiene su antefirma y el número de radicación como correspondencia enviada al general Arias Cabrales. En ese informe, Plazas afirma tener el control de los rehenes salidos del Palacio, y además sugiere como estrategia política, mediática y operativa que debería asumir el Ejército después de los hechos, la de echarle la culpa al narcotráfico, que fue precisamente la que se ejecutó en los días siguientes al holocausto.

A Plazas solamente le gusta el salvamento de voto de uno de los tres magistrados, que por lo demás tampoco lo exonera, como él lo afirma. De ese salvamento hasta se hizo un libro, porque la causa en favor de este coronel ya no es solo un tema judicial, sino además una campaña mediática y últimamente hasta una empresa editorial.

En la calculada entrevista de Plinio, Plazas no desperdició la oportunidad para revelar que el rector de una universidad bien conocida por su militancia política de extrema derecha, supuestamente le confirmó que el jurista alemán Roxin, que no ha visto ni la carátula de ese expediente, lo exoneró.

Si la absolución del coronel Plazas Vega que tanto anhelan sus poderosos aliados, va estar fundada en los frágiles argumentos que difundió con la ayuda de Plinio Apuleyo, el país seguirá estando lejos todavía de doblar esa página y cerrar las heridas de ese trágico noviembre de 1985.

Adenda. Gracias a la ley de inteligencia que aprobaron impunemente el Congreso y la Corte Constitucional, ahora tenemos un sistema alterno de “chuzadas” sin control judicial. Y en el Gobierno nadie respnde.

Ramiro Bejarano Guzmán / notasdebuhardilla@hotmail.com