Huecos en las ventanas

De acuerdo con la Constitución de 1991, este papel debería cumplirlo la Procuraduría General de la Nación, pero hace años (4) que esta institución ignora los tratados internacionales, reta a la Constitución y prefiere ceñirse, arbitrariamente, a los mandatos de la Biblia. El problema no es sólo que la Procuraduría descuide los derechos que a su regente le parezcan pecados. Es, también, que la entidad ataca desde todos los flancos posibles los derechos de las mujeres, las niñas y la población LGBTI en Colombia. De las mentiras que les dicen a los medios el procurador y sus funcionarios sabemos bastante, también de las incansables demandas que han puesto contra las sentencias constitucionales que defienden nuestros derechos. Nada más la semana pasada la Sala Plena de la Corte Constitucional se vio obligada a recordarle a Ordóñez que “la cosa juzgada constitucional cobija a todos los ciudadanos y es particularmente exigible al procurador general de la Nación”. La amonestación sin precedentes dudosamente tendrá efecto; tras su reelección es evidente que Ordóñez no tiene ningún pudor en faltar a sus funciones.

La Procuraduría no sólo persigue a la Constitución, también a sus defensores. Daniel Sastoque, defensor de los derechos LGBTI y exfuncionario de la Procuraduría, fue hostigado agresivamente por sus compañeros de trabajo, que dañaron sus objetos personales y llenaron su escritorio de mensajes homofóbicos. Sus quejas le ganaron una investigación disciplinaria en su contra y cuando la situación fue intolerable, Sastoque tuvo que renunciar. Mónica Roa fue denunciada penalmente desde hace más de un año por la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos por interponer una tutela junto con otras 1.280 mujeres. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Han tenido los defensores alguna respuesta a este tipo de atropellos? Sí, pero no por parte del Estado.

La persecución de la Procuraduría ha legitimado el ataque a los defensores de estos derechos y ha creado un clima de polarización intolerable. Entidades que prestan el servicio legal de la I.V.E. fueron grafiteadas el año pasado por personajes con capuchas al estilo Ku Klux Klan. Las fotos del grafiti fueron reportadas con sospechosa agilidad por Colombia Derecha, un grupo anónimo que promueve el discurso de odio en las redes sociales. Hace casi un año la oficina de Women’s Link fue atacada con un arma no identificada que logró hacer un hueco en la ventana y los vidrios le cayeron a Mónica Roa en la cabeza. La policía llegó al día siguiente a revisar mediocremente la escena y hoy no hay ni indicios sobre la identidad del agresor. Otros defensores han sufrido ataques similares.  El estrés y la incertidumbre que generan estas intimidaciones aumentan al no tener el respaldo del Estado.

¿Qué tiene que pasar para que el Estado se ocupe de estos incidentes? ¿Qué medidas se tomarán para bajar el nivel de radicalización? ¿Cómo proteger a los defensores de derechos cuando la entidad encargada de hacerlo legitima su persecución? ¿Cree la Procuraduría que los derechos sexuales y reproductivos no son derechos humanos? ¿Cómo manejará la Cancillería la mala imagen internacional que le causan las acciones de la Procuraduría al Estado colombiano? ¿Cuántas columnas y artículos se tendrán que publicar en los medios para que estos hostigamientos se asuman como el grave problema que son?

Mientras tanto, cada hueco en la ventana de un defensor es un boquete gigante a nuestros derechos.

@Catalinapordios