Por: Lorenzo Acosta Valencia

El jardín inconcluso

“Investigan asesinato de líder de víctimas de masacre de Trujillo”, fue el titular que dio inicio al silencio de un mes y una semana sobre el homicidio de Alba Mery Chilito Peñafiel a manos de sicarios, el pasado 7 de febrero.

Pocas versiones reseñaron esa vida digna que transcurrió entre el terror y la impunidad. Alba Mery Chilito, quien perdió a su hija y a su yerno en la masacre, convirtió el duelo en un liderazgo para la organización de los habitantes de Trujillo en el cultivo y la construcción de vivienda. Recogía el legado de las cooperativas que hizo crecer el padre Tiberio Fernández a finales de los 80, antes que la arbitrariedad de narcotraficantes y efectivos del Batallón Palacé de Buga viera en él y en la población civil a un enemigo que debía cercenarse. En esa resistencia, Chilito hizo parte de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit), cuyos miembros llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se abrieron entonces las puertas a una investigación sistemática de la masacre y a un acuerdo amistoso entre el Estado y las víctimas para la reparación integral, en 1995.

El mismo año se inauguró otra etapa de parálisis judicial, hasta las condenas contra Henry Loaiza en diciembre de 2009 y del mayor (r) del Ejército Alirio Urueña en octubre de 2010 —prófugo a la fecha—. Años de reclamaciones dilatadas: un día antes de su muerte, Alba Mery Chilito continuaba averiguando por su proceso de reparación. Durante esa espera, la moral pública del Valle terminó de colapsar en conjunto con las arcas departamentales, y al Cartel del Norte sucedieron el bloque Calima de las Auc, Machos, Rastrojos y Urabeños, entre crónicas policivas de capturas, desmantelamiento y reorganización de redes.

Ante esta situación, las medidas cautelares que la CIDH decretó a favor de las víctimas se han diluido en actuaciones tímidas para generar “percepciones de seguridad”. Alba Mery Chilito había sido amenazada por las estructuras neoparamilitares de Trujillo, si es que cabe hablar de “nuevas estructuras” para una masacre que suma 26 años y apenas dos condenas penales. Así lo denunció ella ante la Personería municipal, la semana antes de su asesinato. También habrán de seguir indagaciones por los hechos señalados por el Centro de Memoria Histórica: el mismo día del homicidio de Chilito, el presidente de Afavit, Orlando Naranjo Betancurt, fue interceptado por agentes de Policía para conducirlo a las afueras del municipio con el pretexto de que “no responderían por su vida” (CMH, noticias 12 de febrero).

La comunidad recuerda a Alba Mery como una jardinera que cuidaba las plantas del Parque Monumento, construido para preservar la memoria de las víctimas. La conclusión de esa tarea se dilata cada día en que sectores del Estado y la opinión pública banalizan esta prolongada masacre; cada día en que la Nación se sigue rehusando a encarar sus propias miserias. El 16 de febrero se celebró una misa por Alba Mery Chilito en el Parque de Trujillo, ante el silencio nacional.

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