Por: Yesid Reyes Alvarado

Delitos de lesa humanidad y prescripciones

La Fiscalía acaba de calificar el repudiable asesinato de Eustorgio Colmenares, director del diario La Opinión de Cúcuta, como crimen de lesa humanidad y ha dispuesto respecto de él la imprescriptibilidad de la acción penal.

La prescripción de las acciones penales está recogida en una norma constitucional como una manifestación expresa de que las personas señaladas de cometer un delito no deben esperar indefinidamente a que su situación jurídica sea resuelta, ni la sociedad puede aguardar por siempre a que el Estado cumpla con su deber de descubrir y sancionar a los delincuentes. El reconocimiento de que algunos crímenes son de tal naturaleza que sus efectos trascienden las fronteras nacionales, y de que muchos de ellos ocurren en sitios donde las condiciones políticas pueden facilitar la obstrucción del aparato judicial, llevó a la creación de una Corte Penal Internacional.

Para garantizar su correcto funcionamiento era necesario establecer que respecto de sus procedimientos no existe limitación temporal, porque una de las razones que justifica su existencia es la posibilidad de que las autoridades nacionales no quieran adelantar procesos sobre estas conductas; si se permitiera respecto de ellas la prescripción, bastaría con que un país dilatara las investigaciones para evadir la acción de la justicia penal internacional, que nació justamente para impedir que por esa vía se consiguiera la impunidad en casos de especial trascendencia.

El Estatuto de Roma señala que las infracciones de las que deba ocuparse la Corte Penal Internacional no prescribirán, con lo que claramente restringe la figura de la imprescriptibilidad de la acción penal a aquellos delitos para los que ese tribunal tenga competencia. Al revisar las normas que ese mismo cuerpo normativo tiene sobre los casos que pueden ser de su conocimiento, se observa que aun cuando en principio ella se ocupa de casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, su competencia está delimitada por el mismo Estatuto tanto en razón del tiempo en que esas acciones ocurrieron, como por el hecho de que sólo puede operar cuando se determine que un Estado no ha podido o no ha querido investigarlas con seriedad.

Lo anterior quiere decir que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad está reducida a hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y sólo en relación con aquellos para los que la Corte Penal Internacional sea competente, no sólo por su denominación sino por la demostrada incapacidad o falta de voluntad de un Estado en adelantar la investigación. En términos prácticos eso significa que mientras tales infracciones prescriben frente a la justicia colombiana, la Corte Penal Internacional sí es competente para juzgarlas sin limitación temporal alguna. Por eso reitero lo que he dicho en columnas anteriores, en el sentido de que calificar como de lesa humanidad algunos delitos ocurridos antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, como forma de otorgar tiempo indefinido a los encargados de su investigación, es un procedimiento equivocado frente al ordenamiento interno.

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