Urrá y el tan mentado interés general

Si alguien quiere entender realmente cuál es la utilidad de consultar a las comunidades de un lugar antes de echar a andar un macroproyecto de gran impacto, y está dispuesto a sacarse los prejuicios de superioridad, le recomiendo leer Adiós Río, de César Rodríguez y Natalia Orduz, del centro de pensamiento DeJusticia, acerca de la lucha política, casi siempre violenta, entre la dirigencia tradicional y la comunidad embera por la hidroeléctrica de Urrá, al sur de Córdoba.

Con una escritura limpia, nos pone a navegar con la misma facilidad por la geografía imponente del Alto Sinú, como por los vericuetos de la batalla institucional que han librado esta comunidad indígena y los pescadores. La primera resistencia al proyecto no vino de los embera, habitantes del territorio desde el siglo XVII, sino de científicos que no quisieron otorgarle la licencia ambiental. Pero como los ganaderos locales estaban convencidos de que Urrá sería la solución a las inundaciones constantes de sus fincas río abajo y consiguieron el respaldo de los gobiernos nacionales, el proyecto terminó por imponerse.

Cuando el primer muro provisional de la represa los estaba dejando sin pescado, los embera respondieron con poesía. En 42 balsas, relata el libro, movilizaron a 600 personas, hombres, mujeres y niños, por el Sinú, en un viaje al que llamaron “Adiós Río, el que hacía todos nuestros beneficios”. Después hubo más marchas coloridas y tomas en Córdoba y hasta en sedes oficiales en Bogotá. Hacer valer sus derechos, además les costó sangre. El paramilitarismo asesinó a su líder Kimy Pernía, un colombiano excepcional, y al valiente Lucindo Domicó.

Dijo Pernía: “Según nuestras creencias, el agua y los pescados son un bien común para ser compartidos por toda la gente. Karagabí nos confió la responsabilidad de conservar el agua y el bosque para los indígenas y los no indígenas”. No defendía su bien particular, sino lo que, según la milenaria sabiduría de su pueblo, era el bien general. Para quienes hicieron Urrá, el bien que debía primar era proveer a toda Colombia de energía eléctrica.

Quince años después, los resultados sugieren que Pernía fue más visionario. La unidad embera se resquebrajó por tantos sufrimientos y por un fallo de la Corte Constitucional, que tasó el daño en dinero para cada familia, y eso debilitó su fuerza moral. A la región y al país no les ha ido mejor. Desde que arrancó, la hidroeléctrica estuvo en rojo, y en 2008 el gobierno nacional tuvo que inyectarle $1,23 billones para salvarla. Ha incumplido los términos de la licencia ambiental con cambios súbitos en el nivel de las aguas, erosionando terrenos, empobreciendo la pesca, y dañando casas y alumbrados públicos en Montería. Y ni siquiera previno las inundaciones en las fincas ganaderas.

¿Era entonces una obra para defender el interés de las mayorías o, más bien, a nombre de las mayorías, una élite minoritaria pero poderosa impuso su interés? ¿No se hubiera defendido mejor el bien común si se hubiera escuchado a los embera y a los pescadores, precisamente porque ellos conocían mejor el territorio? ¿Nos habría podido salir mejor negocio a los contribuyentes haber comprado la energía en el exterior y haber preservado el río Sinú, junto con la riqueza económica que hubiera generado su pesca y su riego? ¿Y comunidades más unidas y ricas no hubieran impedido que la violencia cundiera? ¿Haber protegido la riqueza cultural de los embera, con tanta claridad sobre el desarrollo sostenible y la no violencia, no hubiera sido en beneficio de todos?

Y, hoy, sin embargo, ya está la misma minoría de antes vendiendo Urrá II, a nombre del progreso de todos.