Los fantasmas de Guaitarilla III

Hace nueve años fueron asesinados siete agentes de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (Gaula), y cuatro civiles informantes en la vereda de Guaitarilla, Nariño. La verdad procesal dice que murieron durante un operativo legítimo que realizaba el Ejército Nacional contra bandas delincuenciales. La versión del único sobreviviente, Wilson Bernal (que según la verdad procesal es un falso testigo), dice que el Ejército los mató a sangre fría. Un paramilitar que afirma haber estado allí esa noche dice que el grupo al que pertenecía estaba recibiendo apoyo del ejército para proteger una caleta que tenía 400 kilogramos de cocaína, entre otros botines. Esta persona se entregó a la Procuraduría para dar su versión de los hechos.
El caso de la masacre de Guaitarilla no se ha reabierto.

A pesar de las preguntas que quedan en torno a este tema, hay un detalle importante. Normalmente, no le competería al ejército realizar operativos contra bandas delincuenciales. Esto es, precisamente, el propósito de la policía. El Ejército no tendría por qué emboscar con armamento pesado a un grupo de criminales en una vereda de Nariño.

En Colombia están trastocadas las competencias de las fuerzas del Estado y por eso es que un evento como la masacre de Guaitarilla puede parecerle a algunos algo trágico, lamentable, pero finalmente accidental o incluso solucionado.

El papel del Ejército es cada vez menos claro con respecto a qué lo distingue de la policía en las zonas de conflicto, y eso genera problemas en el orden social de las comunidades. El país está militarizado y nos parece natural. Eso genera problemas en el orden social del país.

El orden social de las comunidades se ve trastocado porque el Ejército no es un organismo de orden comunitario, sino una institución diseñada para combatir otros ejércitos. Hay un caso que ilustra los traumas que esto puede generar. La muerte de un joven indígena civil en agosto del 2012 en una vereda del Cauca, a manos de un soldado que hacía guardia nocturna, refleja que hay falencias en la manera como los soldados se entrenan para integrar su presencia en las comunidades. El soldado llegó ese mismo día de combates en las montañas, después de dos noches sin dormir.

Más que un error de este soldado individual, la muerte de este joven es un error de la institución en su conjunto, porque no se siguieron los protocolos. Parece que tampoco se siguieron en Guaitarilla. Hay muchos vacíos en la verdad procesal, pero uno de los más graves tiene que ver con la acusación de que los militares podrían haber alterado la escena de la masacre, antes de que llegaran los agentes del CTI a hacer el levantamiento de los cadáveres.
Si aceptamos la versión de este caso que más favorece a los militares implicados, hay un problema con que el ejército realice operativos que deberían corresponderle a la policía. La letalidad de toda maniobra de control social se eleva peligrosamente. Durante la masacre se utilizaron granadas y ametralladoras. Era evidente que de haber disparos tampoco habría sobrevivientes.

Si aceptamos la versión menos favorable, se habría producido una situación similar a la que aconteció ese mismo año en Jamundí, Valle, en la que miembros del ejército asesinaron a un equipo antinarcóticos de la policía, por orden de narcotraficantes. Ésta, sin embargo, no es la verdad procesal. Es posible que la Procuraduría haya recogido el testimonio del paramilitar que ha hecho esta denuncia, y que ella repose en algún archivo.

Twitter: @santiagovillach