El Hilton, el Tayrona y los abusos hoteleros

El abuso del Hilton comenzó hace 30 años. Con la complicidad de la Alcaldía municipal, se apropió de un vasto terreno que le ganó al mar con la construcción de muros que desecaron la zona aledaña al predio del hotel. Son casi 27.000 metros cuadrados de relleno que, además de causar daños ecológicos, terminaron incorporados al hotel. Sobre ellos están hoy parte de sus edificaciones y las playas que ilegalmente cerró al público.

En una de esas sentencias que restauran la fe en el derecho y la justicia, el Consejo de Estado le ordena al Hilton devolverles a los colombianos esos terrenos. Como es inviable recuperar las áreas que ya fueron construidas, exige avaluarlas y obliga al hotel a invertir una suma equivalente en la compra y adecuación de un lote para convertirlo en un parque público, cuya operación debe financiar durante 30 años —es decir, el mismo tiempo que ha explotado irregularmente lo que es de todos—.

Pero el Hilton no es el único que medra de los espacios públicos. Hace pocos meses, la Corte Constitucional tuvo que intervenir para detener una concesión irregular a favor del Hotel Las Américas, en el sector cartagenero de La Boquilla. De nuevo con la anuencia de la autoridad pública (la Dimar), el hotel había instalado, en plena playa pública, quioscos y mobiliario para uso exclusivo de sus huéspedes. Los primeros en ser expulsados de la zona fueron los habitantes tradicionales de La Boquilla, que tuvieron que irse con sus carpas y sus negocios ambulantes a otra parte. De ahí que la Corte les haya recordado al hotel y a las autoridades que las playas son de todos y que los boquilleros, como comunidad afro tradicional, tienen que ser consultados.

Los dos casos son un espaldarazo jurídico a la excelente propuesta de reglamentación de otro espacio público vital —los parques nacionales—, anunciada por el Ministerio de Ambiente. Para prevenir abusos hoteleros, garantizar el acceso de todos y preservar ecosistemas esenciales, el Gobierno planea adoptar el modelo de ecoturismo muy exitoso que ha seguido Costa Rica, que prohíbe la construcción de hoteles dentro de los parques, pero lo permite en las zonas aledañas. De esta forma, los parques quedan para lo que son: para la circulación y el disfrute del público, sin zonas exclusivas como las que abrieron el Hilton y Las Américas, y las que quisieran crear Six Senses y Los Ciruelos.

Por eso, no sorprenden las críticas provenientes de los intereses privados que serían afectados por los planes del Gobierno. “Es una resolución para satisfacer a un grupito de ecologistas radicales”, le dijo a Semana Ramón Jimeno, vocero de Los Ciruelos.

Lo que muestran los fallos contra el Hilton y Las Américas es que los riesgos de la apropiación privada de las playas y los parques no son un invento de “un grupito de ecologistas radicales”. Y que hace bien el Gobierno en resistir la presión de un grupito de empresarios que quiere que nuestras playas sean como la de Punta Cana, donde sólo entran los turistas VIP y los dominicanos se cuentan con los dedos de una mano. O que nuestros parques sean como el Serengeti, donde la única compañía de los animales son extranjeros insolados en pinta de safari, mientras que los kenianos y tanzanos se limitan a servir la mesa.