Una propuesta indecente

Por medio de ese contrato, el Gobierno podría obtener que una víctima renunciara a la reclamación judicial de sus derechos ofreciéndole una reparación administrativa superior a la ordinaria. La ley no dijo qué tan superior sería esa oferta y lo dejó al arbitrio de un decreto reglamentario. Pero los montos de la reparación ordinaria son considerablemente bajos, de tal forma que difícilmente puede ser aceptable una oferta superior, así sea tres o cinco veces más alta que la ordinaria.

En efecto, según los decretos 1290 de 2008 y 4800 de 2011, el tope máximo de reparación administrativa es de 40 salarios mínimos, es decir, aproximadamente $25 millones. Ese tope máximo es aplicable en casos de homicidio, desaparición forzada, secuestro o lesiones personales que causen incapacidad permanente. Si el delito es de violación sexual, el tope máximo es de 30 salarios mínimos, o sea $19 millones. Lo mismo sucede si la víctima ha sido torturada, reclutada forzadamente o lesionada sin incapacidad permanente. Para personas desplazadas, el tope máximo es de 17 salarios mínimos, es decir, aproximadamente $11 millones. Cabe preguntarse si quien fijó estos topes era un violador de derechos humanos, porque están lejos de reflejar el daño sufrido por las víctimas. En la jurisprudencia nacional e internacional, la indemnización por un homicidio varía entre los 300 y los 500 millones de pesos. La tarifa de indemnizaciones establecida por estos decretos no llega al 5% de lo que se reconoce por vía judicial.

Por ello, la Corte advirtió de que “el daño causado por los delitos de lesa humanidad, tortura, genocidio, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, son de tal gravedad y sus efectos son devastadores para las víctimas más vulnerables, por lo que impedir que acudan a la justicia para buscar una reparación complementaria resulta una carga manifiestamente desproporcionada que tendrían que soportar las víctimas más vulnerables”. Pero inexplicablemente consideró que esa carga “manifiestamente desproporcionada” sólo era visible en los delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado. Así, sería lícito que el Estado le pidiera a alguien torturado por la guerrilla que renuncie a la reclamación judicial a cambio de ofrecerle un poco más de $19 millones de indemnización. Pero si la tortura se la infligió un policía, no.

La aspiración de suprimir la reclamación judicial por violaciones de derechos humanos estaba prevista en la redacción original del decreto 1290, y también en el primer proyecto de Ley de Víctimas. El contrato de transacción que finalmente se incluyó en la Ley 1448 es la expresión de ese innoble y reiterado propósito. La constitucionalidad condicionada que la Corte acaba de declarar parcialmente al respecto debería ser tenida en cuenta por el Gobierno para renunciar de una vez por todas, y en todos los casos, a esa sucia herramienta de reducción de las reparaciones